Seis miembros de un retén de Infoca se enfrentan a una petición fiscal de 11 meses de prisión cada uno de ellos por un delito de incendio forestal por imprudencia grave en febrero de 2012, un fuego que arrasó 788 hectáreas en los municipios de Pujerra, Benahavís, Jubrique, Genalguacil y Estepona.
El fiscal mantiene que los procesados participaron en unos trabajos de silvicultura preventiva contra incendios forestales y realizaron una faja auxiliar cortafuego que comportaba la eliminación de residuos vegetales mediante el uso del fuego en una zona ubicada en el término municipal de Pujerra.
Para ello, el 3 de febrero de 2012, los miembros del retén realizaron presuntamente tres hogueras (dos en la cuneta y una en el arcén contrario) de la pista forestal asfaltada que comunica Pujerra con la carretera A-397.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga, el fiscal ha mantenido que las dos hogueras realizadas en la cuneta no contaban con el perímetro de seguridad necesario de 50 centímetros, «no se apagaron con agua y fueron abandonadas antes de su completa extinción».
El ministerio público señala en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, que las hogueras «fueron abandonadas antes de su completa extinción, dejándose a merced del fuerte viento reinante en la zona en aquella fecha».
Además, según el fiscal, existía un aviso de meteorología adversa para el riesgo de incendios y su propagación por aviso de ola de frío y seco siberiano e intensidad de viento alta.
Todo ello provocó que dichas hogueras fueran reavivadas y se propagó el fuego hacia arriba por una ladera de castaños.
Debido al fuerte viento existente las pavesas cruzaron vía aérea el camino y originaron focos secundarios en el pinar existente al otro lado, de forma que el incendio se siguió extendiendo hacia el sur.
El fuego fue detectado al día siguiente, el 4 de febrero, sobre las 11:15 y no quedó extinguido hasta el 7 de febrero a las 19:30.
Los procesados, que se han declarado inocentes, también se enfrentan a una petición fiscal de once meses de multa a razón de 10 euros diarios.
