Los acusados en el caso ‘Acinipo’, sobre la supuesta corrupción urbanística en Ronda, se han declarado inocentes en la primera sesión del juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Málaga. Por este caso se juzga a seis personas, que son tres exconcejales –una sigue siendo edil–, el exsecretario municipal, el que fuera arquitecto del Ayuntamiento y un empresario. El exalcalde Antonio Marín Lara estaba acusado pero falleció en 2020. También ha fallecido el principal empresario acusado en esta causa.
Al principio de la sesión de este lunes, el presidente del Tribunal ha preguntado a los acusados uno por uno cómo se declaraban y todos han contestado que inocentes. Se acusa por delitos de prevaricación, falsedad y cohecho, según el caso, en relación con operaciones urbanísticas.
En la sesión de este lunes, las defensas han presentado sus alegaciones en el trámite de cuestiones previas, planteando la prescripción de los delitos, nulidad por acusación sorpresiva y también han adelantado que en caso de condena pedirán que se aplique la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas
El fiscal y la acusación popular, en representación de IU, se han opuesto a estas alegaciones, tras lo que el Tribunal ha acordado desestimar «en principio» todas las cuestiones previas, aunque ha precisado que podrán producirse variaciones al respecto según el desarrollo del juicio, que está fijado inicialmente hasta el día 22 de este mes.
La causa se centra en el proceso para la construcción de una gran superficie comercial a Ronda y los trámites realizados al respecto, como la enajenación presuntamente «irregular» del antiguo recinto ferial, las sucesivas adjudicaciones también supuestamente irregulares de obra pública a una empresa, así como un préstamo de dicha sociedad.
En cuanto a la enajenación «irregular» del antiguo ferial, Anticorrupción explica que un empresario local, ya fallecido, acordó en 1998 con los responsables de un grupo empresarial implantar un centro comercial y logró posteriormente el apoyo del Ayuntamiento al «aprovechar la fluida relación que mantenía con Marín Lara» –también fallecido– que en septiembre de 2004 había accedido a la Alcaldía tras una moción de censura.
Según el fiscal, el entonces alcalde, alegando que Ronda «necesitaba un gran centro comercial que generaría puestos de trabajo e impulsaría la economía local», tomó desde 2005 decisiones urbanísticas «arbitrarias» en favor del interés privado, «lejos de respetar los procedimientos legales y cumplir con su deber de defender la integridad del patrimonio municipal».
«Para salvar obstáculos jurídicos y solapar sus auténticos objetivos», dice el ministerio fiscal, el entonces alcalde contó «al menos con la colaboración» de los entonces secretarios y arquitecto municipales, «urdiéndose un sencillo plan» que consistía en tramitar dos expedientes separados, uno de permuta y otro de planeamiento urbanístico, «como si se tratara de actuaciones promovidas por dos empresas independientes».
La Fiscalía se refiere también a supuestas «irregularidades» del expediente de modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y al préstamo de 45.000 euros a exediles acusados por parte de la empresa del constructor local, que logró supuestamente retrasar un pago al Ayuntamiento, así como a la adjudicación por parte del exalcalde del asfaltado de varias calles «de forma directa y arbitraria a un amigo», que está acusado, con un importe que «doblaba la cuantía máxima de la contratación menor».
