La Diputación de Málaga ha aprobado esta mañana, en la comisión informativa de Cuentas, destinar parte del superávit de 2020, en concreto 20 millones de euros, para distribuirlos como fondos incondicionados a todos los municipios de la provincia con el objetivo de financiar obras que contribuyan a la generación de empleo y a la recuperación del sector de la construcción. De esta manera, la institución provincial realizará una nueva inyección económica a los ayuntamientos para favorecer la reactivación económica de los municipios.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado este nuevo fondo, que se nutrirá de parte del superávit que ha tenido la institución tras la liquidación del ejercicio 2020.
“Somos conscientes -ha indicado- de que los ayuntamientos, y especialmente los alcaldes y las alcaldesas de la provincia, han estado en primera línea de atención a sus vecinos durante la pandemia y han tenido que hacer frente a numerosos problemas y dificultades derivadas de la crisis sanitaria, que ha provocado también una grave crisis económica y social”.
En este sentido, Salado ha defendido que hay que contribuir a poner en marcha medidas que sirvan para paliar las graves consecuencias que está ocasionando la pandemia y que ayuden a reactivar la economía de los municipios. Y ha apostado por utilizar una parte del superávit para transferencias a los ayuntamientos, ya que como administración más cercana a la ciudadanía pueden definir y desarrollar iniciativas que potencien el tejido empresarial.
“El principal objetivo -ha añadido- es financiar la ejecución de proyectos en los municipios para favorecer la economía local y contribuir a la creación de puestos de trabajo, así como mejorar las infraestructuras municipales. Y lo hacemos a través de fondos incondicionados, sobre todo para agilizar los trámites administrativos, atendiendo así de manera más rápida y directa las demandas de inversiones que realizan los propios ayuntamientos y que, en ocasiones, nos plantean a través de subvenciones”.
Hoy se da luz verde a la segunda fase del Plan de Asistencia Económica Municipal 2021, que se ratificará en el pleno de la semana próxima, que consistirá en la dotación económica y transferencia de 20 millones de euros a todas las entidades locales de la provincia.
El reparto económico se realizará de acuerdo con un único criterio de distribución por tramos para cada una de las entidades locales en atención a su número de habitantes. Así, las cantidades oscilarán entre un mínimo de 100.000 euros (para los municipios hasta 500 habitantes) y un máximo de 500.000 euros (para localidades de más de 30.000 habitantes), entre las que se encuentra Ronda.
En el pleno de marzo se aprobó la primera fase del Plan de Asistencia Económica Municipal 2021, dotado con 509.000 euros, cuyo objetivo es contribuir al esfuerzo realizado por las entidades locales en las tareas de contención de la propagación del Covid-19 durante el año pasado mediante la realización de trabajos de desinfección de espacios públicos. Esta cantidad se repartirá entre los municipios menores de 25.000 habitantes, en función de su población, y las transferencias oscilarán entre los 2.000 y los 11.000 euros.
Otros planes de la Diputación
Por otro lado, Francisco Salado ha recordado que, además de estos nuevos fondos que se aprobarán, la Diputación de Málaga destinará en breve también 28.903.308,26 euros como fondos incondicionados del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a 88 entidades locales menores de 20.000 habitantes.
Paralelamente, Salado ha incidido en que la Diputación tiene en marcha otros importantes planes de inversión para los municipios como el Plan de Impulso a la Economía Municipal y el Plan de Reactivación Económica Municipal.
El primero de esos planes tiene un montante global de 20.532.577,20 euros. Del total, la Diputación financia 17.999.995,63 euros y los municipios dedicarán 2.532.581,57 euros. Y el segundo está dotado con 13.565.564,25 euros, de los que la Diputación aporta 11.970.199,98 euros y el resto (1.595.364,27 euros) será sufragado por las entidades locales beneficiarias.
