La asociación de lucha contra la drogodependencia ARDE ha anunciado la suspensión de los servicios asistenciales, farmacológicos, médicos y psicológicos que actualmente presta en su Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) a 180 usuarios y familias de Ronda y toda la comarca. La decisión, según ha denunciado a través de un comunicado la vicepresidenta de la organización, Irene Garrido, se debe a los impagos por parte de las administraciones públicas a lo largo de este año.
Este servicio es sufragado por la Junta de Andalucía, aunque es el Ayuntamiento el que gestiona los pagos a través de un convenio de colaboración que se renueva cada año. Sin embargo, en este 2019 las subvenciones no habrían llegado, según la asociación: “En estos diez meses, todos los gastos de mantenimiento de ARDE han tenido que ser sufragados por los fondos de la propia asociación, ya que el Ayuntamiento no ingresa el dinero para el mantenimiento del centro”.
Debido a estos impagos, los cinco trabajadores del centro llevan renunciado a sus nóminas desde el pasado mes de mayo. Una situación que ahora ha llegado al límite, y desde el próximo 28 de octubre estos empleados perderán sus contratos laborales: “Hemos resistido cuanto hemos podido por los usuarios y sus familias, que se quedan de la noche la mañana sin asistencia”, recoge el comunicado.
Además, desde ARDE recuerdan que este centro es “un recurso de titularidad municipal”, pese a tener su gestión transferida. Por eso, consideran que el Ayuntamiento estaría incumpliendo “su deber de prestar atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En este sentido, la entidad se ha mostrado muy dura con el consistorio: «Nos hemos encontrado con una barrera infranqueable, ya que se ha limitado a decir que no tiene dinero, sin ofrecer ninguna alternativa».
Por su parte, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que asegura que está al día de los pagos comprometidos con esta asociación y trabajando con la Junta para alcanzar una solución.
Entre las consecuencias más graves de este cierre, Garrido ha destacado la interrupción del tratamiento con metadona que en estos momentos reciben unos 80 usuarios, ya que ARDE es el “único centro autorizado y acreditado” para su prescripción en la comarca. Del mismo modo, supone el fin de los tratamientos médicos y psicológicos de menores y sus familias y de los seguimientos judiciales de usuarios con condenas en suspensión por estar participando en un tratamiento en este centro.
Por su parte, Antonio Escobar, presidente de la Federación Enlace de asociaciones de lucha contra las adicciones, ha acusado al Ayuntamiento rondeño de “dejación de responsabilidades”. Escobar ha señalado que esta situación ha sido fruto de un problema “entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía”, pero ha señalado que en otros municipios donde se ha dado un problema similar los consistorios han apoyado a las asociaciones con una subvención excepcional, algo que no ha ocurrido en el caso de Ronda.
En el acto también han estado presentes los alcaldes de Cortes de la Frontera y Alcalá del Valle, José Damián García y Rafael Aguilera, respectivamente, quienes han coincidido en calificar de «situación crítica» para toda la comarca el cierre de este CTA.
ARDE ha convocado una concentración para el próximo jueves 24 a las 11:00 horas frente al Ayuntamiento, con la que pretende “visibilizar el problema y ser escuchados” por el gobierno local.
