Bueno, tenemos otro caso extraño en Ronda, en esta ocasión el del bus turístico de la empresa Tajotur SL que ha tenido que dejar de circular por las calles de Ronda por no cumplir los requisitos administrativos y legales, tal y como ha certificado la Secretaría Municipal del Ayuntamiento en un informe jurídico.
Ello ha supuesto que este servicio, que desde hace casi un año funcionaba al margen de la Ley, haya dejado de operar, tras la denuncia pública que ha realizado el Grupo Municipal del PP en este sentido.
Hace algunas semanas el concejal delegado de Patrimonio, Alberto Orozco (PSOE), señalaba ante los medios de comunicación que el Gobierno Tripartito no podía hacer nada en este asunto ya que se encontraba pendiente de un procedimiento judicial.
Un procedimiento judicial que, por cierto, se encontraba archivado desde diciembre de 2017 y del que sorprendentemente nadie en el Ayuntamiento tuvo conocimiento, a pesar de los servicios jurídicos que pagamos todos, los numerosos técnicos municipales que se encargan de estos asuntos, y de los once concejales que conforman el Tripartito y que se supone que cobran para estar atentos a todos los documentos que entran y salen del Consistorio. así como de darles el correspondiente trámite.
Ahora Orozco, el que decía hace unos días que todo esto era un invento del PP, se escuda cargando las culpas sobre los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Bueno, si esos señores y señoras no hacen bien su trabajo, para qué los tenemos contratados y pagados.
En una legislatura en la que tras la moción de censura, la sombra de sospecha reina sobre la gestión de Ayuntamiento ya nadie se traga estas absurdas explicaciones.
Lo cierto es que el bus turístico, por los intereses «oscuros» que sean, ha estado circulando por nuestras calles de forma ilegal, según el informe de la Secretaría Municipal, sin que nadie hiciese nada para impedirlo. Una situación en la que ha habido una posible dejación de funciones por parte del jefe de la Policía Local, de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de algunos funcionarios, así como de los políticos que nos gobiernan, o eso dicen. Ya es hora de que alguien en esta ciudad de explicaciones de lo que hace o no hace, más si cobra del erario público.
Curiosa, sorprendente y poco justificable ha sido la respuesta que el «elocuente» edil Alberto Orozco ha dado a este tema, afirmando que en estos tiempos cumplir la Ley no tiene beneficios para los rondeños. Trasladamos sus palabras: “cuestiones como esta, ridículas y absurdas no contribuyen en nada para mejorar la vida de los rondeños”.
