Un juez condena al SAS a indeminzar con 6.000 euros a una rondeña que estuvo seis años sin recibir un tratamiento para la vista

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), y a la aseguradora Zurich, a indemnizar con 5.948 euros, más los intereses de demora, a una a una paciente rondeña, Y.P.R, por no haber recibido en un plazo razonable un tratamiento médico oftalmológico adecuado para poner fin a sus dolencias.

Ha sido el abogado rondeño Juan José Martín Rodríguez el que ha dirigido el caso de esta rondeña y en el fallo del juez, que se emitió este pasado miércoles 15 de febrero, se indica que la paciente estuvo esperando hasta seis años para recibir un tratamiento oftalmológico sin éxito. Pese a que durante este tiempo se desplazó hasta en 20 ocasiones a centros hospitalarios, «la Administración no ha prestado una asistencia sanitaria tendente a resolver su padecimiento».  Ante esta situación y debido a la pasividad del SAS, la denunciante decidió acudir a la sanidad privada.

En concreto, fue intervenida en el Hospital Quirón de Málaga, que en el plazo de veinte días resolvió su problema de salud. Ello generó una factura de 2.948 euros que ahora deberá abonar el SAS y la aseguradora, además de otros 3.000 euros en concepto de daños morales.

El abogado rondeño formuló esta demanda alegando que la lentitud en el procedimiento sanitario conculca lo dispuesto en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución Española, así como los artículos 139 y 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Un argumento que ha sido aceptado por el juez.

Concretamente, en el fallo se indica que la demora en el tratamiento ha supuesto una responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz de Salud, al tiempo que se indica que sobre esta sentencia no se podrá interponer recurso alguno.

Aunque en ocasiones anteriores se han emitido sentencias condenatorias contra el SAS por mala praxis, este caso es uno de los pocos que se han registrado en España en el que se condena a la Administración, no por una mala actuación sanitaria, sino por lentitud a la hora de actuar y dar solución al problema de un paciente.