El Ayuntamiento de Ronda tendrá que abonar la cantidad de 285.759 euros, más los intereses, a una constructora de la ciudad por el incumplimiento de un convenio urbanístico que se firmó entre ambas partes el 4 de junio de 2003, según se recoge en la sentencia que ha emitido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga, que también impone al Consistorio el pago de las costas judiciales.
En diciembre de 2014, la firma Construcciones Galván presentó un recurso contencioso-administrativo en este Juzgado, “contra la desestimación presunta de reclamación de pago derivada de ejecución de contrato mixto de proyecto y de ejecución de obras, a los que la sociedad recurrente tenía derecho por cesión de crédito”, por importe de 285.759, según se señala en la sentencia.
El contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la constructora se centraba en la edificación de los aparcamientos subterráneos de El Fuerte y pistas deportivas en superficie, así como equipamientos en la zona. Todo ello situado junto al paso a nivel del tren de la avenida Victoria. En ese espacio también se situó un establecimiento comercial de la firma Mercadona.
En este acuerdo, además de otras cláusulas, en el punto 7º, apartado A, donde se recogían los derechos del contratista, se establecía que los promotores deberían percibir la cantidad de 297.666,22 euros, correspondientes a la construcción de las pistas polideportivas en superficie, “según el convenio suscrito por el Ayuntamiento con la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía”. Una cantidad que nunca llegó a recibir la promotora, que la ha reclamado por vía judicial.
Este convenio se firmó en junio de 2003, siendo alcalde Juan Benítez (PSOE), y el proyecto fue adjudicado a la mercantil ‘Promociones y Construcciones 2000 Ronda-3 SL’. No obstante, el Ayuntamiento no recepcionó las obras de las pistas deportivas hasta junio de 2012. Posteriormente en septiembre de 2013 la promotora reclamó al Consistorio el pago de la cantidad adeudada más los intereses, una solicitud que no fue atendida. De esta forma, esta reclamación terminó en el Juzgado Contencioso-Administrativo.
Llama la atención que en una parte de la sentencia se señala que “causa sonrojo a este Juez y no se alcanza a comprender cómo por un Primer Edil público se firmase dicho contrato, pero así fue”. En base a ello, también se señala que aunque el Ayuntamiento consideraba “en su interpretación subjetiva y sesgada, que existía enriquecimiento injusto” no se puede resolver a su favor, puesto que “así las cosas, realizados los trabajos conforme al acta de recepción, el deber de pagar en base a la cláusula 7 A, es de evidente necesidad sin que pueda objetarse lo anterior”.
En el último Pleno ordinario celebrado el 25 de julio de este año 2016, la Corporación Municipal aprobó una modificación de créditos para hacer frente a este pago, aunque fuentes municipales han informado que gran parte de esta cantidad será compensada con la empresa por conceptos que tiene pendientes. Una vez que se publique la resolución del Pleno en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y tras los trámites oportunos, el Consistorio deberá saldar esta situación.
Este hecho supone un nuevo varapalo para las arcas municipales, teniendo en cuenta que en abril de este año el Pleno también acordó devolver a los promotores de los complejos de golf de La Parchite los 646.000 euros que habían pagado en concepto de aprovechamientos urbanísticos y que posteriormente reclamaron. Una decisión que llega tras la negativa de varios informes de la Junta de Andalucía al proyecto que allí pretendía desarrollarse.
A ello se suma la reclamación que ha presentado Copisa en relación con la devolución de los 15,5 millones de euros que entregó al Ayuntamiento por los aprovechamientos urbanísticos de Los Merinos, un proyecto que no se llegó a ejecutar tras tumbarlo los tribunales. Una devolución de dinero a la que el Consistorio se ha negado y que posiblemente también acabará en los tribunales.
