Los diferentes grupos políticos de la Corporación rondeña siguen negociando el convenio para iniciar la tramitación del expediente que debería concluir en la aprobación del proyecto para la construcción de la almazara ecológica que llevaría la firma del reconocido diseñador industrial, Philippe Starck. No obstante, el futuro del proyecto parece más incierto que nunca y podrían ser los propios inversores los que decidan dejar la ciudad y apostar por otro emplazamiento en el que sí encuentren el respaldo que no están teniendo en el Ayuntamiento rondeño.
En este sentido, el pasado miércoles el Gobierno municipal llevó a la comisión de Obras la modificación del convenio que se había redactado hasta el momento, introduciendo las modificaciones que se habían solicitado, especialmente, por Partido Socialista y Partido Andalucista, aunque el borrador del texto no termina de convencer a algunos, tras lo que se decidió atender la petición del representante del PA, Rafael Flores, de convocar una reunión para analizar entre todos los concejales de la Corporación los extremos del convenio y tomar una decisión sobre el posicionamiento de cada uno.
La reunión fue convocada para el viernes por la tarde, aunque terminó siendo desconvocada tras comunicar APR y PSOE que no asistirían y por parte del PA el único que podía asistir era el propio Flores. Ante esta situación, el delegado municipal de Obras, Fernando Corrales, tomó la determinación de suspender el encuentro, ya que solo asistirían las formaciones que tienen claro su posicionamiento, PP e IU, los primeros a favor del proyecto y los segundos posicionados en contra.
De este modo, el inicio de la tramitación sigue empantanada y los tiempos corren contra el propio proyecto, y es que los inversores habían expresado su intención de tener completada la tramitación administrativa del proyecto a lo largo del año 2016 y poder iniciar las obras en 2017. Unos plazos que cada vez resultarían más difícil de cumplir, por lo que, según fuentes próximas al proyecto, cada vez toma más fuerza la idea de desistir de instalar su proyecto en Ronda y buscar otra ciudad en la que se vea claro el interés general para el municipio.
La situación cada vez se encuentra más complicada y si la definición de los grupos políticos rondeños no llega pronto, podrían ser los promotores los que decidiesen marcharse. No obstante, los inversores esperan que el próximo martes, cuando está previsto un pleno en el que podría debatirse nuevamente el mencionado convenio, tengan una respuesta definitiva y creen que será de respaldo.
En este sentido, insisten en que tienen un claro interés general para la ciudad por tres razones: La recuperación ambiental de la finca sobre la que se ubicaría; la inversión de casi 20 millones de euros en dos años y la correspondiente creación de empleo durante la construcción y su entrada en funcionamiento; el éxito que tienen los proyectos frmados por Starck y que se convierten en puntos de visita para miles de personas, por lo que reportaría un incremento de los visitantes a la ciudad y ayudaría a la difusión del destino Ronda dentro de un nuevo sector turístico.
Eso sí, los promotores aseguran tener “presión” por los plazos, marcados. “Si no dicen nada, entendemos que no nos quieren”, señalaban fuentes de la empresa, que no pierden la esperanza de recibir el apoyo para desarrollar el proyecto.
En los últimos días también se mantuvo un encuentro con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para presentarle el proyecto.
Además, aseguran que dentro del sector turístico andaluz se ve con muy buenos ojos la llegada a la comunidad de un proyecto con este renombre internacional.
Pedro Pérez
La clave es el interés general que tiene que representar la esencia del proyecto y en este caso si el interés general al modificar el PGOU para permitir este proyecto es MAYOR o MEJOR que el interés general en mantener las limitaciones actuales para el suelo no urbanizable «común» (suelo rústico, vamos). Los cambios en el PGOU que piden los promotores son esencial o principalmente para hacer viable/rentable el proyecto, lo que es un interés perfectamente legítimo pero no deja de ser esencialmente un interés privado. Da igual que, de paso, existan efectos colaterales más o menos vinculados con el interés general. La aprobación de este convenio urbanístico (sin hablar de una aprobación en su día de la modificación puntual del PGOU) supondría una clara desviación de poder por parte del Ayuntamiento. Mejor decirlo ahora para evitar otro «Merinos» y tener que devolver el dinero de los aprovechamientos urbanísticos. Y todo ello sin opinar sobre los méritos del proyecto en sí. Otro debate.