Opinión

El tiempo preciso (Francisco Javier García)

Solo mentes configuradas para hacer cabriolas con la lógica más esquizoide-evitativa, podrían llegar a concebir que algún día pudiera darse alguna otra forma de suspensión de las Leyes que no fueran las ya conocidas. Que supiéramos, estas se concretaban en dos. El milagro, un resorte fuera de nuestro alcance que obvia las leyes físicas. Y el Estado de sitio, un argumento militar cuyo ruido de sables tiene como virtud inmediata la puesta en cuarentena de cualquier sistema jurídico.

Pero puestos a romper, parece ser que la tercera vía podría llegar de manos del poder político. Concretamente, el PP, un partido dotado de una variedad de ventanas para asomarse al pasado sin precedentes, parece haber dado con la fórmula. De forma elegante, van a presentar al Congreso una proposición de ley sin parangón para la reforma del Tribunal Constitucional. Este alto tribunal podría suspender de sus funciones al presidente del Gobierno y a cualquier otro cargo público sin tiempo tasado, sin recurso y sin intervención parlamentaria.

A fin de evitar las consabidas suspicacias de los elementos más molestos de la sociedad, la Reforma incluye una apreciación jurídica de tal racionalidad y precisión en su futura aplicación, que evita cualquier forma de subjetividad o ambigüedad. Así, el texto especifica que el TC podrá suspender a cargos públicos por “el tiempo preciso”. Un concepto riguroso –y jurídico donde los haya-, que de ser mal interpretado, podría llevar a pensar que el Tribunal Constitucional estaría dotado de amplios poderes que excederían los mismos límites de la Constitución, y de paso el gobierno de turno o fuerza política que lo controlase.

De forma elíptica, quedarían en suspenso todas las leyes promulgadas para la elección de estos cargos. Pero desarrollada en profundidad, la nueva Reforma podría ser el arma de futuro para minimizar nuestro ordenamiento jurídico. Los presidentes autonómicos, por ejemplo, podrían ser nombrados directamente por un órgano judicial designado por el gobierno central, sin necesidad de engorrosos trámites parlamentarios en la Comunidad Autónoma, lo que evitaría cualquier desviación de su presidente. Para conocer resultados solo necesitamos esperar que transcurra el tiempo preciso.


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