“No a la violencia, pero se acabó la paciencia” rezaba una de las pancartas exhibidas en las protestas vecinales del barrio burgalés de Gamonal. Detesto la violencia como con seguridad la detestarán los vecinos que se manifiestan por las calles burgalesas, mientras el gobierno asiste con preocupación al efecto contagio extendido a otras ciudades españolas. Parece evidente que se ha agotado la paciencia de millares de españoles que ya no soportan por más tiempo los abusos y antojos de los políticos,- por mucho que su autoridad les haya sido otorgada en las urnas-, ya que a menudo usan los votos como si fuera un cheque en blanco para gobernar durante cuatros años, sin ningún control por parte de los ciudadanos.
En estos dos años desde las últimas elecciones, la ciudadanía ha ido perdiendo la confianza en el gobierno. A aquellos electores que en su día apoyaron mayoritariamente al Partido Popular huyendo de la crisis, de poco le valen ahora la mejoría de las cifras macroeconómicas porque los bancos sigan desahuciando a los parados y negando el crédito a los autónomos y pequeños empresarios, que son los generan la mayor parte de los puestos de trabajo en nuestro país.
Probablemente, el principal error del PP en esta legislatura ha sido no darse cuenta de que los españoles constituyen mayoritariamente un país de izquierdas. Desde 1979, la izquierda socialista ha gobernado el país durante 21 de los 34 años desde la restauración democrática constitucional, lo que significa que una parte de la mayoría absoluta obtenida por el PP en las ultimas elecciones es un voto “prestado” que dista mucho de ser ese cheque en blanco que el gobierno usa para lo que le conviene, desde obstruir las comisiones de investigación del caso Bárcenas, o para justificar los recortes y sus decisiones más polémicas, muchas de las cuales ni siquiera figuraban en su programa electoral.
Pasa, que el pueblo se rebela contra esa “democracia invertida” practicada por un gobierno que rescata a los bancos antes que a los ciudadanos. Los datos de las últimas encuestas demuestran que los populares han perdido la confianza de buena parte de su electorado, y lo saben. Ello debería ser motivo suficiente para convocar nuevas elecciones, y más cuando muchas de las medidas adoptadas, -congelación de las pensiones y recortes de derechos laborales y sociales-, contradicen abiertamente el programa electoral con que el PP concurrió a las elecciones, y sólo parecen responder a meros intereses especulativos que favorecen a grandes grupos de poder económico.
El gobierno debería prestar más atención a las quejas ciudadanas para evitar que alborotadores y violentos las utilicen y la situación se vuelva ingobernable. La rebelión de los ciudadanos burgaleses (-en su mayoría votantes populares-), contagiada a otras capitales españolas, demuestran que a la ciudadanía se le acabó la paciencia. Los graves casos de corrupción política y, lo que es peor, los intentos de sus dirigentes por disimularla, han generado una gran desconfianza entre los ciudadanos, que sospechan que políticos y especuladores van a medias, y que detrás de cada proyecto urbanístico hay algún político que pretende enriquecerse con sus comisiones.
No se puede gobernar de espaldas a los votantes y de poco sirve que el proyecto burgalés figurara en el programa electoral del PP, cuando los propios ciudadanos manifiestan abiertamente su oposición para ejecutarlo en tiempos de crisis, y más cuando ése mismo gobierno municipal ha tenido que cerrar guarderías municipales por falta de recursos. En un país como España, donde la desigualdad crece a pasos agigantados (-las 20 primeras fortunas acumulan una riqueza equivalente al 20 % de las rentas más bajas del país-), cada euro que se gasta debe estar plenamente justificado, dando prioridad a las necesidades sociales antes que a proyectos urbanísticos.
Va a hacer diez años que en las elecciones autonómicas de 2004, desde la coalición Foro Andaluz, proponíamos una serie de reformas políticas urgentes, entre ellas hacer efectiva la separación de poderes y una Ley de Referéndum que permitiera a los ciudadanos pronunciarse sobre asuntos de especial trascendencia (-pocos días antes se habían cometido los atentados de 11-M, en clara relación con la decisión del gobierno de José Mª Aznar de permitir la participación de España en la guerra de Irak-). Diez años después, ambas propuestas siguen siendo asignaturas pendientes de nuestra democracia, y los populares siguen sin escuchar a una ciudadanía que ya se ha cansado de soportar decisiones políticas arbitrarias sin más posibilidad que expresar su voto cada cuatro años.
Suele afirmarse que España es un país apático y tolerante con los corruptos, cuando con protestas como las de Gamonal o desde las concentraciones del 15-M los ciudadanos están reclamando mayor transparencia y nuevos mecanismos de participación democrática. Me temo que los populares, -como tantas veces le ha ocurrido a la derecha de este país-, llegarán tarde a la reforma y a la regeneración democrática que demanda el pueblo. Mientras partidos como UPyD y PSOE proponen procesos de primarias para elegir a sus mejores candidatos, e incluso prevén la participación de simpatizantes y ciudadanos en el proceso, el PP sigue designando sus candidatos a dedo, aferrado a la “disciplina de voto”, y purgando a los escasos representantes que se atreven a contradecir las consignas del partido. No hay mayor ciego que el que no quiere ver, y el coste electoral parece inevitable.
