La adjudicación del nuevo servicio jurídico del Ayuntamiento de Ronda, realizada al bufete marbellí Cobo, Muñoz y Rueda Abogados S.C., podría terminar impugnado y en los tribunales, al considerar algunos de los despachos que han concurrido a la licitación que la mesa de contratación hizo suyo un informe que no se acoge a los criterios establecidos en el pliego de condiciones.
En concreto, según han explicado fuentes próximas al proceso, la principal objeción se refiere a la calificación realizada por el colegio de Abogados de Málaga, en la que se otorgó cero puntos por llevar pleitos importantes a varios de los despachos más destacados que han concurrido. Para realizar esta puntuación se habría alegado en unos casos que no se habían justificado dichos pleitos y en otros que se han acreditado pero no se han relacionado. Los despachos afectados mantienen que dicho baremo aplicado no se encuentra recogido en las bases de la licitación, por lo que no entiende que la mesa hiciera suyo dicho informe de calificación.
De igual modo, consideran incomprensible que si la mesa estimaba necesaria la acreditación de dichos pleitos, aunque no estuviese contemplado en las bases, no se haya concedido un plazo de subsanación o la petición de aportación de nueva documentación.
En este sentido, uno de los despachos ya habría presentado un escrito en el registro del Ayuntamiento de Ronda advirtiendo sobre este hecho, solicitando una revisión de la propuesta de adjudicación que ha sido realizada y que se encuentra publicada en la página web oficial del Consistorio rondeño.
Las mismas fuentes consultadas han confirmado que impugnarán el concurso en caso de que dicha propuesta se haga firme, al tiempo que también estarían dispuestos a llegar a la vía judicial si el Ayuntamiento mantiene la adjudicación.
Estación de autobuses, camino de los tribunales
Por otra parte, la adjudicación de la gestión de la actual estación de autobuses también puede terminar en los tribunales, al considerar la anterior empresa adjudicataria que la licitación de dicho servicio podría ser irregular, ya que el Pleno municipal habría aprobado la concesión hasta que entrase en funcionamiento la nueva estación de autobuses.
En este sentido, desde la anterior empresa gestora se confirma que procederán a interponer próximamente todas las acciones judiciales que les recomienden sus servicios jurídicos, que creen que podría ser nula la licitación que se ha realizado para la nueva adjudicación. En concreto, apelan a que no se trata de una nueva estación de autobuses y estamos simplemente ante un cambio de gestor, por lo que creen que sigue teniendo efecto la prórroga aprobada en Pleno para la gestión de las actuales instalaciones.
No obstante, hasta el momento el Ayuntamiento no atendió los escritos presentados por los representantes de la empresa, al considerar que la licitación del servicio realizada se ajusta a la legislación y no tiene ningún tipo de problema legal para su realización.
De hecho, el pasado 31 de diciembre se procedió a realizar el acta de recepción de las instalaciones de la estación de autobuses y a certificar que se han recibido en las mismas condiciones en las que fueron entregadas.
Una vez cumplida con esa tramitación, la nueva empresa adjudicataria se hizo cargo de la gestión el pasado 1 de enero, según confirmó la anterior empresa responsable.
Precisamente, el proyecto para la construcción de una nueva estación de autobuses también presentó problemas en la adjudicación inicial, al impugnarse el proyecto seleccionado inicialmente porque no cumplía con la distancia obligatoria respecto a las líneas del ferrocarril, aunque los técnicos presentes en aquella mesa no repararon en este detalle.
En aquella ocasión se terminó dando la razón al estudio de arquitectura que impugnó el concurso, acordándose modificar la propuesta de la mesa de contratación para anular la primera opción seleccionada y adjudicar el proyecto a la idea que terminó puntuada en segundo puesto.
De momento, el proyecto sigue pendiente de los permisos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que debe facilitar la autorización pertinente.
