Este viernes tuvo lugar la presentación del informe preliminar de las catas llevadas a cabo en el cementerio de Ronda, con el fin de localizar y delimitar las fosas comunes en las que descansan los cuerpos de los fusilados durante la Guerra Civil española. En el acto estuvieron presentes el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Ronda, Francisco Pimentel, el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, y el arqueólogo que ha dirigido los trabajos, Raúl Hoyos.
Durante las prospecciones, que se han alargado por un periodo de dos meses, se han realizado un total de 24 catas, que han sacado a la luz cuatro fosas con una profundidad de entre un metro y un metro y medio.
En ellas se han encontrado diez cuerpos, algunos de ellos cubiertos de cal, junto con algunos restos metálicos, capas de carbón, navajas o suelas de zapatos, entre otros efectos. Al tratarse de unas labores previas, una vez llegados a los primeros cadáveres sólo se ha profundizado unos diez centímetros, según el arqueólogo.
Desde la asociación calculan que allí podrían encontrarse los restos de en torno a 3.000 personas. No obstante, los documentos escritos constatan la presencia de 1.607 fallecidos desde marzo de 1937, a lo que habría que sumar las muertes producidas con anterioridad y de las que no se tiene constancia documental.
Naranjo explicó que el próximo paso consistirá en la exhumación de los restos para su identificación, que es el objetivo final de este proceso. “La exhumación sin identificación no tiene sentido”, señaló. Hasta ese momento, las perforaciones realizadas serán cubiertas de nuevo, y los restos “serán dejados tal y como se encontraron”.
Los documentos escritos contabilizan un total de 1.607 ejecutados, aunque podrían ser hasta 3.000
Los resultados de los trabajos también fueron presentados ante el Juzgado de Guardia de la localidad, donde Naranjo emitió en nombre de la Junta de Andalucía una comunicación por “evidencias de crímenes de lesa humanidad”. En este sentido, añadió que esta decisión está amparada por la jurisprudencia internacional, ya que estas acciones “no prescriben por muchas leyes de amnistía que se promulguen”.
Además, el director general también mostró su deseo de que sea el Estado quien promueva la exhumación e identificación de las fosas existentes en todo el territorio nacional, ya que “España es el único país en el que son las asociaciones las que tienen que realizar las exhumaciones”.
Al acto también asistió un numeroso grupo de familiares de los fallecidos, tanto de Ronda como de otros puntos de la comarca, algunos de los cuales mostraron su desacuerdo por cómo se han desarrollado los trabajos. “No se puede hacer algo así sin convocar antes una reunión y pedirnos permiso”, exclamaba uno de los presentes, molesto porque las fosas hayan sido abiertas sin contar con el consentimiento de los familiares.
Mientras tanto, en el cementerio se podían apreciar los trabajos y algunos de los restos que se han encontrado en los sondeos ejecutados.
El estudio no abordó los fusilamientos realizados por el bando republicano, al no querer los familiares que se realizaran catas en la segunda fosa común, situada en otro patio del campo santo rondeño.
