El Ayuntamiento de Ronda rebatió los argumentos que esgrime la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por el que se anula en Plan Parcial para el proyecto Merinos Norte en base a una supuesta falta de recursos hídricos. En este sentido, la alcaldesa rondeña, María Paz Fernández, aseguró que “nos sobra agua del caudal que tenemos asignado”. En concreto, la ciudad del Tajo dispone de autorización para consumir hasta 5 hectómetros cúbicos al año, estando en estos momentos en un consumo de 3,1, mientras la petición realizada por parte de los promotores de Merinos es de 0,5 hectómetros cúbicos, lo que supondría no llegar al tope fijado por la Agencia Andaluza del Agua.
“No necesitamos captaciones”, insistía la regidora rondeña, al tiempo que hacía un llamamiento a la tranquilidad en municipios como Cuevas del Becerro o Arriate con este asunto, recordando que el compromiso adquirido entre el Ayuntamiento de Ronda y los promotores es llevar el agua desde Ronda hasta la urbanización que se tiene proyectada.
Por otra parte, Fernández, mostró su esperanza de que la Junta de Andalucía, la empresa propietaria y el Consistorio vayan de la mano en el recurso de casación que ya ha anunciado el Ayuntamiento rondeño que va a presentar. En el mismo se tratará de desmontar la teoría sobre la falta de agua y se alegará a la temporalidad de la norma, al considerar que no se puede anular un acuerdo de 1995, que cumplía la normativa de ese momento, en base a la falta de un informe que es exigido por una normativa posterior.
La próxima semana está previsto que se mantenga un encuentro entre los servicios jurídicos municipales y del Gobierno andaluz, que serán los encargados de analizar la sentencia y obrar en consecuencia. “Si la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento puede ser importante, la de la Junta ni le cuento”, respondía la alcaldesa al ser preguntada por este aspecto, recordando que la sentencia no revoca ningún acuerdo municipal y sí una resolución de un órgano de la Junta de Andalucía, como es la Comisión Provincial de Urbanismo
No obstante, ante la posibilidad de que los recursos no prosperen y la sentencia pueda ser firme, la primera edil señaló que “no quiero ni imaginarlo”, y es que ese hecho considera que supondría la “ruina absoluta” de la ciudad. Además, lamentó las declaraciones realizadas por miembros de los grupos ecologistas mostrando su satisfacción por el fallo del TSJA. “¿Quién se puede alegrar de que se pare un proyecto que trae desarrollo, empleo y riqueza?”, se preguntó la regidora, al tiempo que les pedía que reflexionaran sobre el “daño” que consideran que le están ocasionando a la ciudad y a los rondeños. “Aquí es el no a todo”, afirmó rotunda la alcaldesa, al tiempo que se mostraba convencida de que estos colectivos “no alcanzan a comprender” el perjuicio que pueden ocasionarle a la ciudad. De hecho, calificó este problema como “el más grave” al que se enfrenta la ciudad en los últimos tiempos.
A pesar del revés judicial, entre los responsable del Ayuntamiento y de la empresa, hay un cierto optimismo, ya que únicamente se acepta uno de los 14 puntos sobre los que se han puesto objeciones en la denuncia.
Por otra parte, también se despejó la incógnita sobre los ingresos que han recibido las arcas municipales en base al convenio firmado con la empresa promotora, que accidente a 14,2 millones de euros, sobre un total de 18,9 millones de euros. Además, tanto la regidora como el delegado municipal de Obras, Daniel Harillo, confirmaron que se seguirá dando el destino previsto al resto de pagos que quedan por ingresar, que será la financiación de inversiones para la ciudad. De igual modo, recordó que buena parte de las actuaciones que se han realizando en la ciudad en los últimos años se han financiado con los fondos procedentes de este proyecto.
