Pese a su progresiva radicalización, las recientes manifestaciones vividas en España el pasado 25-S, movimientos como el 15-M, y las cada vez más frecuentes protestas sociales que se producen a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, encierran una causa común con la que comulgan la mayoría de los ciudadanos, y que no es otra que su el hartazgo frente a una clase política que hace oídos sordos a la realidad social y que es incapaz de resolver los problemas que afectan a los ciudadanos.
Si a eso sumamos que los políticos detentan el poder de forma absoluta, reduciendo la democracia a una mera opinión cada cuatro años, y que ni siquiera los votantes pueden estar seguros de si el programa por el que apostaron en las urnas se va a cumplir porque una vez en el cargo el gobernante de turno hará lo que le venga en gana, la consecuencia es clara: Los ciudadanos ven a los políticos como gente que vive a costa del sistema y crea problemas en vez de resolverlos, lo que se traduce generalmente en un voto de castigo en la primera oportunidad que tienen los votantes para expresar su opinión.
Y ese voto de castigo no discrimina ya entre izquierdas ni derechas, pues la sensación social es que todos los políticos son iguales, y por lo tanto, -al menos mientras dure la crisis-, son responsables, junto con los bancos, de la crisis social que padecemos, y al final los votantes acaban castigando al partido que ha ejercido el gobierno, sea del color que sea dependiendo donde se vote.
Por eso, y pese a su complejidad, se me antoja que las reivindicaciones independentistas de Catalunya promovidas por CIU y su presidente, Artur Mas, tienen mucho de manipulación política y poco de respuesta a una demanda social prioritaria, porque el presidente catalán sabe y teme las consecuencias en las urnas de ese hartazgo social, pues los efectos de la crisis en Catalunya, -como en cualquier parte de España-, son demoledores, el paro sigue subiendo a pesar de ser una comunidad especialmente industrializada y su administración está en bancarrota por culpa de los despilfarros cometidos por los gobiernos que le precedieron.
A Convergencia (CIU), el calendario electoral le venía mal, porque le obligaba a convocar los próximos comicios autonómicos catalanes en el año 2014, fecha que se antoja temprana para que los ciudadanos dejen de sufrir los efectos de la crisis, y se vería abocado irremisiblemente a un voto de castigo que podría echarle del poder y devolver el gobierno catalán a manos del PSOE o de los radicales de Esquerra Republicana. De ahí, la búsqueda de apoyos entre los votantes independentistas, para intentar que su simulado nacionalismo movilice la abstención de muchos ciudadanos que ya pasan de ir a votar porque han dejado de creer en los políticos y en el sucedáneo de democracia con que ejercen el poder.
Pero lo que Artur Más no dice a los enfervorecidos manifestantes de la Diada Catalana son las consecuencias que tendría para los propios catalanes su secesión del Estado Español; o lo que es lo mismo: el precio de tener un estado propio; cuánto costaría mantener una administración estatal propia y un ejército propio, o el daño que la independencia provocaría a la industria catalana, que tiene en España más de cuarenta millones de consumidores.
Porque cuando Artur Más y CIU piden al estado español un nuevo pacto fiscal que favorezca los intereses catalanes para, entre otras cosas, reinvertir en Catalunya el IVA que cotizan las empresas catalanas, se olvidan de que ese IVA se paga en Catalunya, no porque esa “riqueza” se haya producido en su territorio, sino porque es allí donde está el domicilio social de las empresas, pero se ha recaudado entre los consumidores del todo el territorio nacional, lo que dejaría de ser así de llevarse a efecto la secesión. De ahí el temor expresado por el empresariado catalán, porque supondría una auténtica hecatombe para su industria.
Que se pretenda realizar una consulta soberanista no me parece mal, pero que antes se echen las cuentas, con sus sumas y sus restas, para que los catalanes voten con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano lo que les costaría a cada uno mantener con sus impuestos un estado propio, porque cuando lo sepan dudo mucho que haya una mayoría de votantes que quieran independizarse, lo que reduce la propuesta del presidente catalán a una mera “venta de humo” con fines electorales, pues no parece que su irresponsable apuesta independentista tenga mucho recorrido en la práctica.
Pero si no logran movilizar en masa al electorado, a CIU, -y a Artur Más en particular-, puede salirle mal su peligrosa estrategia, pues como mucho podrán arañar votos a Esquerra Republicana y, si acaso, a algunos votantes socialistas, pero se antoja difícil que la propuesta independentista consiga apoyos entre los votantes del Partido Popular de Catalunya. Y así las cosas, cuando el 25-N se abran las urnas catalanas, puede que a CIU le sigan faltando apoyos para conseguir la mayoría absoluta y de nuevo se conviertan en un rehén en manos de los radicales de ERC, o vuelvan a necesitar el apoyo del PP para gobernar, lo que después de lo visto y de lo dicho se antoja difícil; y al final todo termine como terminó el Plan Ibarreche, echando a los nacionalistas vascos, -en este caso catalanes-, del poder.
