Así están los casi cinco millones de desempleados de nuestro país, y en particular el millón y medio de hogares donde no entra ni un euro porque todos sus miembros se encuentran en el paro. Las perspectivas de recuperación tampoco son muy halagüeñas y el balance de la actividad económica del último trimestre ha sido nulo: CERO. Cero patatero, o para ser más exacto “Cero Zapatero”, porque como él mismo ha reconocido es el principal culpable de la desorbitante cifra de parados, de los cuales más de la mitad son de su exclusiva responsabilidad, pues a mediados del 2007 la tasa de desempleados en España no llegaba a los dos millones de parados.
Pero así son las cosas. La gente, -entiéndase los votantes-, preferían talante y siguieron apoyando la sonrisa simplona de quien, cuando lo de las hipotecas basuras, se burlaba de la crisis porque decía que era un simple asunto bancario al otro lado del atlántico. Por aquellas fechas publiqué un articulo titulado “La innombrable”, -porque ésa era la consigna: “Negar la mayor y, si acaso, hablar de una suave desaceleración”-. En ese artículo expresaba mis temores de que aquella crisis bancaria acabara salpicándonos y convirtiéndose en una auténtica, dramática y feroz crisis social.
Desgraciadamente el tiempo me dio la razón. De poco sirve ya. Mi desesperación se convierte en indignación contra Zapatero, Rubalcaba y toda la panoplia de ministros socialistas que fueron incapaces de acertar con una sola medida, hasta que en Mayo de 2010 Europa obligara al ejecutivo español a tomar severas medidas de austeridad que supusieron la rebaja de las pensiones, el recorte de sueldo a los funcionarios, el aumento de la edad de jubilación, el retraso de las ayudas económicas por dependencia y la eliminación de buena parte de las ayudas sociales aprobadas apenas un año antes por los propios socialistas, entre ellas, el cheque bebé.
Jamás un nuevo gobierno recibirá peor herencia. Pocos dudan de la victoria del Partido Popular, -o lo que es lo mismo, de la hecatombe socialista-, cuando dentro de quince días se abran las urnas y la única duda sea conocer cuál ha sido el margen de la derrota, -o victoria, según se quiera ver-. Triste consuelo, pues el propio Mariano Rajoy reconoce que un cambio de gobierno no es sinónimo de acabar con los problemas de la crisis de la noche a la mañana; pero algo habrá que cambiar para que la cosa no siga por dónde ha ido hasta ahora: “En caída libre”.
El Partido Popular ha dado a conocer un programa de extrema urgencia para aplicar a un paciente que se encuentra en coma, -económicamente hablando-, y que entra en el quirófano víctima de un accidente llamado Zapatero. Austeridad, proclama el líder popular en sus mítines a lo ancho y largo del país. Austeridad para contener el desorbitado gasto de personal de las administraciones, sobre todo de las autonómicas, y austeridad para contener un gasto público, muchas veces absurdo, que los faraones territoriales dilapidaron construyendo aeropuertos fantasmas como el de Ciudad Real o Castellón, que ya se han tenido que cerrar o que aún carecen de vuelos comerciales regulares.
A las medidas de austeridad se suman otras como la rebaja de impuestos y los incentivos al empleo, -dirigidas sobre todo a los más jóvenes-, y la mejora en la gestión de cobro de las facturas que adeudan las administraciones públicas, verdaderas responsables de que miles de pequeñas empresas y autónomos se hayan arruinado y despedido por su culpa al personal. Echo en falta, también, más apoyo a los autónomos para facilitar el pago de las cotizaciones de la seguridad social que se quedaron atrasadas durante los cuatro años largos que ya dura la crisis y los que aún pueda durar; según el vaticinio de los principales organismos e instituciones económicas, que no ven mejoría a corto plazo.
Pero si algo se echa en falta en el programa de Partido Popular es la voluntad de controlar los desmanes bancarios que éstos cometen con la excusa de la crisis, agravando sus consecuencias. Ellos fueron los culpables que se desencadenara la crisis bancaria en el 2007, y ellos son los responsables de haberla convertido en una crisis social que está arruinando literalmente a las familias y al empresariado. Jamás se conoció mayor codicia ni más impune… comisiones a las veinticuatro horas de no pagar un recibo, reclamaciones judiciales a los tres meses y embargos a las primeras de cambio.
Ya no es que los bancos ni las cajas de ahorros, -a muchas de las cuales se ha tenido que rescatar con dinero público-, no den crédito. Eso se solucionaría fácilmente a través de bancos institucionales como antes los hubo. El Banco Hipotecario o el Banco de Crédito Local eran entidades estatales creadas para fomentar la construcción de viviendas y el desarrollo de los municipios, y estuvieron operativas hasta bien entrada la transición política. El problema de los bancos es que están agravando la crisis que ellos mismos causaron y son los responsables de la ruina de miles de familias a las que embargan sus viviendas ante la imposibilidad de hacer frente a su hipoteca cuando pierden el empleo.
Recientemente dos Audiencias, la de Girona y la de Navarra, han dictado sentencias contra entidades bancarias que pretendían embargar la vivienda a la par que exigían el pago de la deuda pendiente a sus propietarios. Ambas sentencias hablan del “enriquecimiento injusto” que supone que un banco pretenda quedarse con una vivienda de la que sus propietarios ya habían pagado más de la mitad del crédito y que en el mercado inmobiliario alcanzaría un valor muy superior al de la deuda. Tal vez sea eso lo que persiguen los bancos: enriquecerse con la desgracia ajena.
Tampoco contempla el programa del PP la propuesta de “dación en pago” como solución para saldar las deudas hipotecarias, pero dejo sobre el papel una propuesta alternativa: “Declarar inembargable una vivienda mientras se trate de la de única vivienda familiar y la deuda se haya generado por culpa de que sus titulares hayan perdido su empleo o, en el caso de los autónomos, hayan tenido que cerrar por quiebra su negocio”. De este modo, el subsidio de desempleo se destinaría a garantizar un sustento familiar digno y no para pagar al banco. Sería simplemente una medida más de protección social. Al fin y al cabo ¿no dice el artículo 47 de nuestra Constitución que toda persona tiene derecho a una vivienda digna? Pues eso, Sr. Rajoy: Mano dura con los bancos, que a ellos no les votamos, pero a usted, sí.
