Dice Rubalcaba que suprimiendo las Diputaciones se ahorrarían sólo en personal, dietas, teléfonos móviles, cochazos, chóferes, cargos de confianza y demás cohorte de enchufados, hasta 1000 millones de euros, lo que supone el 20 % del total de su presupuesto. Y no le falta razón, aunque la propuesta se antoja precipitada y con las prisas de quien ayer fue nombrado candidato socialista y mañana se examina ante las urnas. Además, su desaparición obligaría a reformar la Constitución, ya que su Art. 141 contempla a las Diputaciones como el órgano administrador de la provincia.
No parece tarea fácil suprimirlas, así sin más, y poner en su lugar a un “superalcalde” y que además no cobre, como propone Rubalcaba, porque hay servicios intermunicipales que son comunes y que alguien tendría que atender, salvo que pasemos al modelo de comarcalización (-algo que ya propusimos en Foro Andaluz cuando me presenté como candidato con Manuel Pimentel en las autonómicas del 2004-) y que incluso contempla nuestro Estatuto de Autonomía. Carreteras locales, o servicios como la recogida de basuras y bomberos tienen que ser costeados por algún entre supramunicipal, ya que sus costes son prohibitivos para los pequeños municipios. ¿O alguien se imagina a los apenas 90 vecinos de Atajate, (-la mayoría de ellos pensionistas-) subiendo al monte para apagar el fuego, como se hacía antaño?
Pero la propuesta del candidato socialista, si no es del todo acertada, al menos sirve para poner sobre la mesa el gasto disparatado que generan las administraciones públicas, -las locales en particular-, donde Ayuntamientos y Diputaciones se han convertido en auténticas agencias de colocación de familiares, allegados, miembros del partido y demás amigotes, entre los que es frecuente encontrarse con exalcaldes que vivieron toda su vida de la política y cuando las urnas les fueron adversas, ante el temor de acabar de camareros o con una pala entre las manos, buscaron refugio y un sueldecito entre la multitud de consorcios y empresas públicas que gestionan estas administraciones. ¿Y quién no conoce a la mujer o al hermano de algún concejal colocado de asesor o de gerente?
Al final, entre tanto enchufado, el gasto se disparata, y el enorme déficit que acumulan ayuntamientos y diputaciones por culpa del exceso de personal acaba provocando que se demore el pago a los proveedores que les trabajan. Con la excusa de la crisis y de que los bancos les han cerrado el grifo del crédito, estas instituciones pretenden solucionar sus problemas de financiación a base de que las PYMES tengan que esperar meses y hasta años para cobrar sus facturas, lo que provoca gravísimos problemas de liquidez a multitud de pequeñas empresas, muchas de las cuales se han arruinado y despedido al personal. Es, por ejemplo, el caso de las farmacias de Castilla la Mancha, que se les adeudan más de cien millones de euros en medicamentos pero se les obliga a seguir trabajando y a correr con los gastos.
Mientras tanto, los alcaldes, concejales, delegados, diputados, gerentes, presidentes, secretarios de área, directores generales, miembros de los consejos de administración de las innumerables empresas públicas y consorcios, asesores y demás personal colocado a dedo, cobran puntualmente a primero de mes, porque las partidas presupuestarias a menudo se desvían para atender sus nóminas y no para pagar a proveedores.
¿Alguno de esos alcaldes se imagina entrar en un ayuntamiento donde los funcionarios lleven un año sin cobrar? Seguramente más de uno estaría acojonado porque el día menos pensado algún funcionario pierde la cabeza y le da dos hostias. Pues los proveedores son (-somos-) tan padres como los funcionarios o el personal que trabajan en estas instituciones o en sus empresas públicas, y nuestros hijos comen, se visten y tienen los mismos gastos que los suyos.
¿Son conscientes los que gobiernan nuestros ayuntamientos de lo que digo, porque a veces lo dudo? Después de tres años de crisis, los ahorros y reservas de los pequeños empresarios y de los autónomos se han agotado, y cualquier demora en el cobro de sus facturas les obliga a retrasar el pago de sus impuestos, obligaciones fiscales o cuotas de la seguridad social, lo que se penaliza con un recargo del 20 % que perjudica y agrava la crisis que sufren estas empresas. Así pues, si de lo que se trata es de ahorrar y Rubalcaba busca propuestas para conseguirlo, ahí les dejo una cuantas, que seguro que tienen éxito y contarían con el respaldo de buena parte de los ciudadanos:
Primero: Suprimir las Diputaciones para pasar a un modelo de “comarcalización” que daría mejor respuesta a las necesidades de los municipios que las integran, porque no tienen la misma problemática el área metropolitana de Málaga, que la Costa del Sol o la Serranía de Ronda. Esto tendría la ventaja añadida de que al ser un ente “supramunicipal” más cercano, se ahorra en sedes institucionales, personal, dietas y traslados de sus representantes.
Segundo: Modificar la reciente Ley de Morosidad para que sea aplicable también a las administraciones públicas (ahora no les afecta) y se les obligue a pagar las facturas en 60 días como al resto de clientes. Además, permitir que se puedan “compensar” las facturas pendientes de cobro que excedan de ese plazo con las obligaciones tributarias e impuestos que tengan que atender los empresarios.
Y tercero: Todas las administraciones (ayuntamientos y diputaciones, entre ellas) se administran mediante presupuestos, por consiguiente no se comprende que se encargue un gasto si no hay previamente una partida para cubrirlo. Por lo tanto, inhabilitar para ejercer cargo público a los políticos que incumplan reiteradamente la Ley de Morosidad y suspender de sus funciones a los secretarios, tesoreros e interventores que a menudo hacen “malabarismos contables” para justificarlo. Y me da igual si los que se inhabilitan son alcaldes o diputados del PP, del PA o del PSOE. A la puta calle con los que no sepan administrar los impuestos del contribuyente y permitan tamañas arbitrariedades y derroches.
