“No tengo certeza de cuándo fue, pero llegó un día en que la mujer del César dejó de importarnos lo que pareciera, y la moral y la ética, como normas de elemental comportamiento, dejaron de tener importancia en la vida política. De un tiempo a esta parte parece que la mujer del César, e incluso el mismo César, pueden hacer lo que les venga en gana y no tienen por qué esforzarse en ser ni parecer honestos, ya que pocos se lo van a censurar, e incluso muchos simpatizantes del partido estarán dispuestos a salir en su defensa, como si de auténticos legionarios romanos se tratase.
En una época remota, los políticos acusados de arbitrariedad o inmersos en polémicas, dimitían para defender su honorabilidad y no poner en duda la dignidad del partido al que pertenecían. Con los años, sólo algunos recuperaban su honor, pero casi ninguno retornaba al cargo. Era el precio a pagar por la decencia personal y por la defensa de los valores democráticos. Había una línea que separaba claramente la presunción de inocencia desde el punto de vista de la Justicia, de la presunción de decencia en la política. Porque las cosas pueden ser legales y no éticas, e incluso éticas pero poco estéticas. Todas, sin embargo, provocaban una reacción de rechazo moral en los ciudadanos y en los políticos”.
Son algunas reflexiones de José Manuel Atencia, que en un magistral artículo publicado en El País discernía sobre la ética y la judicialización de la política. Aunque la reflexión sobre la ética en la vida pública viene desde la antigua Grecia, no ha sido hasta hace poco cuando los partidos la han abandonado para sentar una premisa intolerable en su forma de actuar: La Justicia, además de velar por la legalidad, es la única que con sus sentencias puede establecer la medida de la moral, de la ética e incluso de la estética, que es tanto como decir de lo decente y lo indecente. “Por ello, la mujer del César ya no tiene por qué parecer honesta, debe ser condenada en sentencia firme para dejar de serlo. Y ni siquiera vale cualquier condena, porque desgraciadamente hoy en política hay condenas “asumibles” ante la opinión pública.
El día que a la gente le dejó de importar lo que pareciera la mujer del César, muchos políticos comenzaron a usar una vara de medir para los suyos y otra para los demás, tasando de este modo la magnitud de lo ético y lo estético de sus actos. Desde ese mismo instante, en cuestiones de decencia dejó de ser lo mismo que te regalen cuatro trajes que cuatro coches, el fraude de los ERE que la corrupción urbanística en los ayuntamientos donde gobierna el rival político, y se defienden con medias verdades los asuntos propios, pero se acusa de mentiroso al contrincante.
La creciente corrupción entre la clase política española se ha traducido, -en boca del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido-, en un total de 730 causas que se tramitan contra cargos públicos. A principios del año 2010, entre el PSOE y el PP acumulaban 464 del total de las causas por corrupción: 264 el Partido Socialista y 200 el PP. (Conde-Pumpido desveló estos datos durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso).
Por las rendijas de esa “política-judicializada” tenemos en España a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, supeditando su ética a la lentitud de la Justicia y a la importancia de unos regalos. O a un partido político, el PSOE, que mantiene en sus cargos a unos dirigentes que, en su etapa de miembros del Ejecutivo andaluz, no lograron descubrir una trama de falsos prejubilados pagados con dinero público que se coció en sus propios departamentos (y eso, por ponerme en el mejor de los casos)”. Según ellos, nada es inmoral hasta que la Justicia sentencie lo contrario.
El paralelismo con la podredumbre política de Ronda es evidente. Marín Lara, artífice del mayor caso de transfuguismo que se ha dado en España, cifra también sus esperanzas en la justicia, y más concretamente en la sentencia (-que probablemente nunca llegará-) que pudiera emitir el Tribunal Constitucional, ante quien recurrió el dictamen de la Mesa Antitransfuguismo que le declaraba tránsfuga junto a los ocho concejales que se pasaron al PSOE con los más de siete mil votos que los rondeños confiaron al Partido Andalucista en las pasadas elecciones municipales.
Y digo que probablemente esa sentencia nunca llegue, porque ni la ética ni la estética conciernen al orden jurídico, sino al fuero interno de cada ser humano, y el TC, como el resto de los tribunales de justicia, son estamentos de la judicatura que no están obligados a pronunciarse sobre el dictamen que emitió en su día un organismo establecido de mutuo acuerdo entre los partidos para discernir si es ético o no el comportamiento de sus políticos.
El próximo 22 de mayo los rondeños no sólo votaremos para decidir quien gobierna la ciudad los próximos cuatro años, votaremos también si nos importa que en política “valga todo por tal de mantenerse en el poder a cualquier precio”. Votaremos por rescatar la ética y la dignidad política que Ronda perdió en 1999 cuando el Pacto Anti-GIL cerró la puerta a la voluntad que los rondeños expresaron mayoritariamente en las urnas. Luego vinieron otras indignidades políticas perpetradas por Marín Lara, como la moción de censura que presentó en el 2004 contra los socialistas, -entonces sus socios de gobierno-, para arrebatarles la alcaldía, o el incumplimiento del pacto con el Partido Popular en el 2007; ambas desoyendo la voluntad de los votantes. Nada de ello fue ilegal, ni siquiera su transfuguismo al PSOE, porque la Ley no lo condena, pero muy pocos dudan de la inmoralidad de ese detestable proceder político.
Por eso toma especial valor que algunos partidos, como el Andalucista o Izquierda Unida, hayan manifestado ante los electores rondeños su intención de no pactar con los partidos que acojan en sus listas a concejales tránsfugas (-alguno, como el PA, incluso lo ha hecho mediante documento notarial-). Desde el PSOE se han apresurado a denunciar esa actitud como poco ética e irrespetuosa con la democracia, presuponiendo que la candidatura socialista pueda ser la más votada (-lo que aún está por ver-). ¿Y qué, si no es ilegal?, podríamos preguntarles. ¿A santo de qué los socialistas invocan ahora la ética cuando les vienen mal dadas y se olvidaron de ella cuando “todo valía” por tal de gobernar?
La gente está harta de tanta indignidad y tiene ganas de dar un escarmiento político. En estas elecciones se percibe en la calle un aire distinto. Se equivocan quienes piensan que los rondeños son apáticos y les da igual lo que hagan con sus votos. Hartos de tanto trapicheo, cualquier compromiso que garantice a los votantes adónde van a ir a parar sus votos, o con quién pactará cada partido, es bienvenido. Ojalá aprendamos la lección y a partir de ahora votemos gestores eficaces sin mirar el color de sus banderas. Y eso vale para todos. Si conseguimos recuperar la dignidad política no es cuestión de consentir que los que entren cometan los mismos errores y todo se quede en un simple “quítate tú, que me pongo yo… y los míos”.
