Ronda

El plan especial no protege las casas colgadas del Tajo

Un grupo de arquitectos muestran su disconformidad con el texto.

Las casas colgantes del Tajo, uno de los rincones más fotografiados, junto al Puente Nuevo.

 

El plan especial del casco histórico parece contentar a pocos. En especial, a los arquitectos rondeños, que presentaron una alegación conjunta que la redactora del plan propone desestimar, al considerar que se trata de una opinión subjetiva sobre el documento que ella misma está elaborando. Este grupo de profesionales, un total de trece, habían presentado un conjunto de alegaciones que afectaban a buena parte del documento, al considerar que contiene multitud de errores e inexactitudes y propuesta de cálculos de edificabilidad que harían imposible decirle a un cliente qué puede hacer en un supuesto solar o vivienda para rehabilitar.

También sorprenden algunas de las propuestas que se realizan, como que el Puente Nuevo sea catalogado como A, máxima figura de protección, pero no se proponga su declaración como Bien de Interés Cultural. Otro de los aspectos que más llaman la atención es que se deje sin catalogar o se otorgue una calificación de baja protección a buena parte de las casas de la calle Tenorio, que en su gran mayoría forma una de la imágenes más fotografiadas por los turistas, tanto la cara que cuelga sobre las cornisas del Tajo, como las que configuran la propia calle Tenorio. De este modo, sus propietarios podrían optar por su derribo si lo estimasen necesario sin ningún tipo de impedimento. Muchos de los arquitectos no alcanzan a comprender cómo se adopta esta figura de protección junto al Tajo y hay otras viviendas que consideran que tienen mucho menor interés que sí que reciben protección, algunas de ellas ubicadas en zonas altas de la calle Granada.

Además, sobre la reducción de edificabilidad que propone el plan sobre la que actualmente tienen algunos inmuebles, los arquitectos también han planteado la posibilidad de que este aspecto puede ser llevado ante la justicia y se reclame al Ayuntamiento una indemnización por pérdida de derechos, lo que ha terminado ocurriendo en otras localidades. En concreto, en el caso rondeño, con la media propuesta se estima que las indemnizaciones a realizar podrían alcanzar los 3 millones euros si se recurre por esta vía.


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