La pasada semana, el equipo de gobierno municipal y la oposición andaban de gresca, -para variar-, a cuenta de las deudas que nuestro ayuntamiento mantiene con los proveedores. Tan incierta es la cifra, que ninguno de los tres se ponían de acuerdo sobre a cuánto ascienden las cantidades reclamadas, que al parecer oscilarían alrededor seis millones de euros, o incluso más, según el portavoz de Izquierda Unida.
Resulta escandaloso que, salvo raras excepciones, muchos de esos proveedores tengan que esperar cerca de un año para cobrar sus deudas de la administración local, cuando a ellos, la Administración del Estado no duda en clavarles un recargo del 20 % sobre sus impuestos y cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social si el retraso supera los tres meses, lo que agrava aún más sus dificultades económicas. Y es que, al final, la galopante morosidad de los ayuntamientos acaba literalmente sembrando la ruina de esos pequeños comerciantes y empresarios.
Ahora que el Gobierno propone, entre las medidas para contener el gasto público, que los ayuntamientos no puedan endeudarse (-o sea, que los créditos que pidan deberán ser devueltos dentro del mismo año fiscal-), se me ocurre lo que podría ser una buena solución: Que a los empresarios que no puedan atender sus compromisos tributarios por la falta de liquidez que les provoca la morosidad de los ayuntamientos, se les permita compensar las facturas pendientes con las cotizaciones y los impuestos que deben pagar puntualmente si no quieren incurrir en gastos de demora, o exponerse a un embargo y a perder su casa o sus empresas. Posteriormente, sería la propia Administración del Estado quien restaría esas cantidades de las transferencias que realiza periódicamente a cada ayuntamiento.
No parece que sea una medida difícil de adoptar. Es cuestión de voluntad política y de justicia, si tenemos en cuenta que en estos días la Agencia Tributaria hace lo propio con los contribuyentes que tienen deudas pendientes con los Patronatos de Recaudación o con la Tesorería de la Seguridad Social, a quienes les retiene el importe de la devolución del IRPF para compensarlas.
