Hace dos mil años, Herodes el Grande, Rey de Palestina, temiendo perder su poder, mandó ejecutar a todos los niños de Galilea menores de dos años cuando se enteró por los Reyes Magos de que entre ellos había nacido el “Rey de los Judíos”, al que anunciaba una estrella surgida en el cielo. Años antes, el mismo Herodes había mandado ejecutar a la familia rival de los Asmoneos, que le disputaba el poder; incluyendo entre sus asesinatos los de su propia esposa y tres de sus hijos. Todo con el único objetivo de mantenerse en el poder.
Aunque pueda parecer sensacionalista, hoy, ésa misma historia se repite con actores y escenarios distintos, pero con idéntico trasfondo y motivación: -la lucha por mantenerse en el poder-. Los nuevos Santos Inocentes de nuestro tiempo son las víctimas de políticas inmorales que disfrazan de derechos y de dignidad humana el asesinato de niños inocentes, -aun no nacidos-, y la muerte anticipada de muchos ancianos a los que, por las limitaciones biológicas de su vejez, se les considera un estorbo incómodo para sus familiares y costoso de mantener para la sociedad.
El debate social abierto sobre el “derecho a morir dignamente” (algo que no niega la moral cristiana pero que desde el ámbito político se intenta confundir intencionadamente con la eutanasia), y en especial la nueva Ley del Aborto, -de inminente entrada en vigor tras haber superado los trámites parlamentarios-, suponen un gravísimo ataque a las raíces cristianas de nuestra sociedad que causará la muerte injustificable y anticipada de miles de seres humanos inocentes.
Ambos, aborto y eutanasia, son debates sociales promovidos interesadamente por los políticos que nos gobiernan; influidos por los partidos de izquierda que les apoyan. Ese apoyo tiene como precio que partidos minoritarios, como Izquierda Unida o ERC, o colectivos feministas radicales impongan el extremismo de su ideología condicionando las decisiones del Gobierno y las políticas sociales que deben aplicarse sobre millones de ciudadanos.
Desde 1985, la vigente ley del aborto contempla la interrupción voluntaria del embarazo como un delito y no como un derecho, aunque despenaliza los supuestos donde existe riesgo para la salud de madre o grave malformación fetal. “Derecho” es la palabra clave. Nadie ignora que en España, en la práctica y con la norma actual, se abusa de ese supuesto “riesgo para la salud de la embarazada”, pero jurídicamente el aborto no se considera un derecho. Esta es la diferencia fundamental que promueve la nueva ley. Con ella, cualquier mujer tendrá “derecho” a abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación, incluyendo a chicas de 16 años sin el consentimiento de sus padres.
Otorgar el rango de “derecho” al aborto es un error moral y político de incalculables consecuencias para nuestra sociedad, que además genera una confusión deliberada entre algo positivo y bueno, como es el concepto de la palabra “derecho”, con algo tan repudiable como el asesinato. También, desde el ámbito político “progressista” se confunde deliberadamente a la sociedad al equiparar el “derecho al aborto” como el derecho que tiene cualquier mujer a planificar su “maternidad”, (léase la descendencia de un hombre y una mujer), porque corresponde, no sólo a ella, sino a ambos progenitores, el derecho a planificar responsablemente esa descendencia, pero evidentemente con carácter previo y nunca posterior a la concepción del nuevo ser. Por eso, es inadmisible presentar el aborto, -que es la interrupción deliberada de la vida de un ser humano en gestación-, como un método anticonceptivo más que se ofrece a la mujer.
En nuestra Constitución se otorga al Estado la obligación de defender la vida y la salud de los ciudadanos. El gobierno actual y sus socios parecen olvidarlo, empeñados como están en extender el laicismo para socavar las raíces cristianas de nuestra sociedad, contrarias en muchas ocasiones a sus ideologías e intereses políticos. Poco tiene que ver con el aborto el temor al castigo divino o el infierno, porque no es la ira de Dios la que debe preocupar al hombre, sino las consecuencias de atentar contra la propia vida humana, algo que parecemos obviar con preocupante desprecio, aunque luego defendamos con un profundo “amor ecologista” al lince o al resto de las especies que pueblan el planeta.
Como Herodes el Grande, hace veinte siglos, también nuestros gobernantes actuales buscan perpetuarse en el poder a cualquier precio. Los nuevos “Santos Inocentes” de nuestro tiempo son esos miles de seres humanos que mueren a diario víctimas del egoísmo y de la persecución desatada contra la moral cristiana por quienes detentan el poder; que no dudan en promover leyes que legalizan el crimen mediante normas cada vez más permisivas con el aborto y la eutanasia, si con ello se garantizan el apoyo de sus socios de gobierno y logran mantenerse en el poder a toda costa.
Antonio Sánchez Martín.
