El alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, ha decretado la demolición de 17 edificaciones, cinco de ellas ubicadas en el paraje conocido como ‘Hoya del Tajo’, según ha informado en un comunicado de prensa. Precisamente, el proceso de construcción de algunas de estas edificaciones está siendo objeto de investigación judicial en estos momentos. En concreto, dos de estos casos se encontrarían entre los cinco expedientes relacionados con la Hoya del Tajo.
En cuanto al resto de derribos, hacen referencia a casas que se han construido en “suelo de protección integral”, ubicados en los parajes conocidos como Sijuela, Rosalejo, Navares y Tejares, Cerro Pastora, Hoyo Tabares y La Sanguijuela.
Mientras tanto, el primer edil rondeño, señalaba que “no se permitirán este tipo de actuaciones” para lo que ya ha anunciado que los servicios de inspección se reforzarán a los efectos de cubrir un término tan grande como el que tiene Ronda con cerca de 500 kilómetros cuadrados.
Además, se espera que algunos de los derribos sean “inmediatos”, en un periodo de tiempo que varios meses, para lo que se ha tenido que prever la inclusión de una partida especial en el presupuesto de 2010 para hacer frente a los gastos que ello supondrá.
Los 17 casos se encuentran en diferente estado de ejecución. Algunos de ellos llevan casi un año con un expediente sancionador abierto, con multas impuestas que oscilan entre los 30.000 y 300.000 euros.
El regidor rondeño indicó que “son procedimientos duraderos en el tiempo desde que se localiza la infracción hasta que se restituye la legalidad, proceso que puede durar meses o incluso años
Los servicios de inspección han adquirido recientemente un helicóptero transmisor, conectado vía satélite con la intención de detectar con la mayor inmediatez las infracciones que se pudieran cometer. Marín Lara manifestó por último que “los ciudadanos deben saber que tarde o temprano localizaremos a los infractores”
No obstante, los afectados podrán recurrir a la vía judicial para defender sus intereses en casos de que consideren que la resolución municipal vulnera sus derechos. Este hecho prolongaría durante años el contencioso y el derribo efectivo.