La asociación de la pequeña y mediana empresa (apymer) dio ayer a conocer una serie de conclusiones que su equipo técnico y jurídico han obtenido tras estudiar el borrador del Plan Especial del Casco Histórico que se encuentra en periodo de exposición pública hasta el siete de agosto.
En este sentido han elaborado un documento donde detallan hasta diez puntos en los que no están de acuerdo con el documento y con los trámites que se han llevado a cabo en relación al mismo.
El escrito ha sido presentado por el abogado Miguel Ángel Carrillo quien ha detallado algunas de estas conclusiones que comienzan señalando que no se ha podido contrastar el trabajo entregado al Ayuntamiento por el equipo redactor del plan con lo contratado en su día al no haberse facilitado a la asociación el expediente de contratación en el que deben constar los pliegos de condiciones técnicas, económicas y jurídicas que rigen el contrato. Aseguran que “a formulación y aprobación de este plan especial es muy difícil en la situación presente del planeamiento general de Ronda, debido a que el PGOU vigente no ha sido ni siquiera adaptado parcialmente a la LOUA, y entre las determinaciones del Plan Especial se encuentra la modificación del aprovechamiento urbanístico de una gran parte del suelo urbano consolidado, lo que no resulta posible mientras los planes generales no se encuentren adaptados”
Otra de las conclusiones avisa de que no se ha previsto una difusión específica del plan entre los propietarios directamente afectados, “de los que se pretende que sufraguen la protección con el sacrificio de sus patrimonios particulares”.
También se asegura que “se han encontrado numerosas deficiencias de forma y fondo en los documentos de memoria, ordenanzas y estudio económico-financiero, que hacen muy difícil la consecución de los objetivos a los que el plan especial debe responder”. A ello hay que sumar, según apymer, “un porcentaje muy alto de errores en el catálogo propuesto, dado que descansa en propuestas de catálogo de documentos anteriores que no llegaron a aprobarse, y se redactaron sin hacer accedido a los inmuebles”.
Por último, otra de las conclusiones asegura que “a un número amplio de inmuebles se les suprime edificabilidad que el PGOU les reconoce e incluso se les llega a suprimir edificabilidad en relación con la que el propio plan especial establece como norma general para las zonas en las que se encuentran”, lo que para el abogado es “una expropiación forzosa encubierta”.
Teniendo en cuenta este estudio la asociación empresarial ha decidido crear una ofician de información en la que sus asociados puedan informarse de lo relacionado con el plan especial y ha invitado a los ciudadanos que a que pasen por este punto.
