Hace días, ordenando mis libros, encontré un antiguo folleto electoral de Iniciativa por Ronda, el grupo político que presenté con escaso éxito a las municipales del 2003. Figuraban en él las fotos de los integrantes de la candidatura: asistentas de hogar, médicos, sociólogos, biólogos, agricultores, escayolistas o taxistas, entre otros. Hace seis años, todos aquellos candidatos, algunos de ellos muy jóvenes, se ganaban ya la vida por su cuenta, aunque luego muchos de ellos tuvieran que marcharse a la costa o incluso fuera de Andalucía buscando un sustento digno que Ronda les negó.
Reuní aquella candidatura bajo la única premisa de que tanto los jóvenes como los más veteranos mostraran un ápice de ilusión por la política como herramienta para mejorar una sociedad imperfecta, que avanza día a día, pero en la que aún queda mucho por hacer, como garantizar la vivienda y el empleo. Comparo aquella lista electoral con el elenco actual de concejales de nuestro Ayuntamiento y veo que hoy abundan los ediles que jamás ejercieron profesión alguna, o que mejoraron sustancialmente su posición económica gracias a la política, dejando atrás la cabina de vigilante de un aparcamiento o el mostrador de una zapatería, arduos trabajos donde a buen seguro ninguno de ellos piensa volver.
En España, desde hace cuarenta años estudia quien quiere y no sólo quien puede, pero a pesar de todo hay quienes rehuyen ese esfuerzo y buscan en la política una alternativa laboral para la que generalmente no se exige titulación ni experiencia laboral previa, y donde la mayoría de las personas que viven de ella ganan más dinero que con sus profesiones. El fenómeno no es nuevo, y Jesús Quijano, Catedrático de Derecho, se lamenta en su obra “Vida y Política” de que “demasiados puestos son cubiertos por personas que acceden al cargo público como su primera o única ocupación, fomentando una -profesionalización política- que conlleva deseos de continuidad, resta imparcialidad a la hora de tomar decisiones y crean un clima enrarecido dentro de los partidos que dificulta la renovación interna. En los países europeos, por el contrario, la gente llega a la política con más edad y más asentados profesionalmente”.
De forma aún más dura y radical se expresa otro catedrático, Francisco Sosa, en su ensayo “El Estado Fragmentado” (Ed. Trotta), donde afirma que “el desprecio por el pensamiento independiente, la endogamia política de los partidos y los curriculums poco presentables de muchos candidatos, que carecen de experiencias laborales previas a la política, forman un entramado que no auguran sino males”, y en mi modesta opinión propician la corrupción política, porque priman los intereses personales y del partido sobre los generales.
La profesionalización de la vida política es un cáncer democrático que explica por qué buena parte de los gobernantes actuales son casi los mismos desde hace una década. Algunos, como Rosa Aguilar, la alcaldesa de Córdoba, -se bajan del tren en marcha- y cambian de bando de un día para otro, sin ni siquiera dimitir antes de su cargo. Otros, como Manuel Chaves o Esperanza Aguirre, llevan casi veinte años en el “núcleo duro” de la política y detentan un control abusivo en sus partidos, asfixiando las opiniones críticas y bloqueando la renovación de sus cargos.
Los nuevos rostros que aún así logran aparecer en la escena política suelen estar apadrinados por ellos y bajo su tutela disciplinaria.
En esa tesitura, los partidos se convierten en meros antros cuarteleros gobernados desde las ejecutivas provinciales y locales. De este modo, la crítica y el debate son sustituidos por la obediencia debida y la democracia interna brilla por su ausencia. Además, dentro de los partidos existen corrientes o, dicho en términos cuasi mafiosos, “familias” que luchan despiadadamente entre sí para sacar el mayor beneficio personal.
No es infrecuente que en este ambiente prosperen, sin sonrojo alguno, amistades, sobrinos y demás familiares de los principales dirigentes del partido, que alcanzan de este modo un empleo generosamente remunerado para el cual no suelen estar capacitados.
El fenómeno de ejercer el poder como elemento de sustento personal llega a impregnar hasta la más humilde de las agrupaciones locales. Basta recordar la lucha interna desatada entre los socialistas rondeños para confeccionar su lista electoral en las pasadas municipales o la reticencia de los actuales dirigentes populares de nuestra ciudad a celebrar su congreso local por miedo a que los militantes prefieran elegir a otros representantes.
La cuestión es compleja y múltiple: ¿Debería exigirse una profesión previa a los servidores públicos o habrá a partir de ahora políticos en las listas del desempleo esperando que alguien les ofrezca un cargo? ¿Hasta dónde deben llegar las remuneraciones de nuestros representantes políticos? ¿Debería existir la limitación de mandatos y las listas abiertas? El debate está en la calle y hay opiniones para todos los gustos, hasta quienes defienden el “derecho” de los políticos a cobrar elevados emolumentos bajo el falaz argumento de que “quien tiene un buen sueldo sucumbe a menos tentaciones”. Es decir, aquello de que “cada hombre tiene un precio” y que el límite de su moral depende del dinero.
