Ecologistas en Acción denuncia que el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Antonio Perales, sigue negándose a incluir en las reuniones de este organismo la elaboración del informe sobre la situación urbanística de los municipios del parque natural Sierra de Grazalema. Hace dos años, la Junta Rectora, a instancias de Ecologistas en Acción, aprobó la elaboración de un dictamen urbanístico que permitiera conocer el grado de cumplimiento de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) y de las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), así como las actuaciones de las distintas administraciones ante la proliferación de viviendas y construcciones ilegales en este espacio protegido.
Según el colectivo ecologista, tanto Perales como la delegada provincial de la CMA, Gema Araujo, han venido boicoteando la elaboración de dicho informe utilizando todo tipo de maniobras. Perales retrasó casi dos años la convocatoria de la Comisión que debería elaborar el informe, encargó su elaboración, de forma unilateral, al director del parque, excluyó a los cascos urbanos, e impidió que se trataran las actuaciones de los Ayuntamientos y de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Gema Araujo aseguró que existía un dictamen de la asesoría jurídica de la CMA que determinaba que la Junta Rectora no era competente para la elaboración de dicho informe; cuando Ecologistas en Acción logró un año después acceder a dicho dictamen comprobó con indignación que dicha afirmación era falso; muy al contrario recomendaba que el informe urbanístico fuera realizado por la Comisión de Desarrollo Sostenible, exactamente la misma propuesta realizada por Ecologistas en Acción y aprobada por la Juta Rectora.
Ante tal cúmulo de despropósitos, que, según los ecologistas, sólo pretenden encubrir las ilegalidades urbanísticas que se vienen cometiendo en los municipios del parque natural, la mayoría gobernados por alcaldes socialistas, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que ha sido admitida a trámite, contra el presidente de la Junta Rectora y la delegada de la CMA, por los reiterados incumplimientos de los acuerdos de este órgano de participación, por la negativa a aportar los informes requeridos, y por la, aseguran, manifiesta negligencia al impedir que la Junta Rectora cumpla con sus funciones, entre la que se encuentra garantizar el cumplimiento de la legalidad.
En la última Junta Rectora, celebrada el pasado mes de mayo, los representantes ecologistas advirtieron al presidente y a la delegada que se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión, ya que teniendo constancia de que se estaban vulnerando las normas legales en el Parque Natural, se negaban a tratar estas denuncias y a actuar para exigir la paralización de los proyectos urbanísticos ilegales, tras lo que solicitan su dimisión.
Este colectivo ha pedido a la Consejera diversos puntos como quese requiera al presidente de la Junta Rectora a que cumpla sus acuerdos, e incluya en el orden del día de la próxima reunión un punto para proceder a la elaboración de forma participativa del informe urbanístico aprobado por este órgano y se le advierta de las consecuencias de la dejación de funciones en que está incurriendo al impedir que este órgano ejerza sus “funciones de control, vigilancia y participación”, de velar “por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural”.
