El día 29 de noviembre el Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda ha dictado un auto por el que acuerda el archivo de la denuncia interpuesta contra la empresa municipal de limpieza de Ronda (Soliarsa), sus responsables y algunos trabajadores por parte de un particular, por entender que no existen indicios de criminalidad de los delitos investigados.
El Juzgado -tras la investigación llevada a cabo durante estos meses atrás en la que se ha analizado abundante documentación, se han corroborado la veracidad de los datos facilitados por la empresa pública, incluyendo así mismo la información ofrecida por la interventora municipal en su declaración ante la juez- ha llegado finalmente a la conclusión de que no existe ninguno de los delitos por los que se formuló la denuncia ante la Fiscalía de Málaga.
Hay que recordar que en la denuncia presentada por este particular se cuestionaba la legalidad de algunas actuaciones, así como contrataciones laborales y retribuciones salariales en la empresa pública, quedando totalmente demostrado con este auto que en todo momento se han seguido los procedimientos legales en todas sus acciones.
Antecedentes
A principios de diciembre de 2020, la alcaldesa, Maripaz Fernández (PP), exisgió la dimisión del entonces del portavoz de IU, Álvaro Carreño (que recientemente ha renunciado a su acta de concejal), tras conocerse que la Fiscalía de Marbella ha solicitado que se abra una investigación sobre anomalías que se han detectado en la auditoría que encargó el actual equipo de Gobierno (PP-APR), para conocer con detalle las cuentas de la empresa municipal de limpieza Soliarsa de 2019.
En un comunicado remitido esta tarde por el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que el concejal de IU haya sido el encargado publicitar esta información en una rueda de prensa, ya que gran parte de las anomalías detectadas por la auditoria «se circunscriben a la anterior legislatura cuando las responsabilidades municipales eran del anterior Gobierno local (PSOE, IU, PA), del que el señor Carreño formaba parte como delegado de Economía y Hacienda, que ahora denuncia esta situación en lo que se puede considerar una autoinculpación. Entre las facturas se encuentran algunas que, incluso, llegan hasta el año 2018″.
Por otra parte desde el Consistorio se recordó entonces que todas las anomalías detectadas, nada más recibir el informe de auditoría con fecha 20 de mayo, fueron inmediatamente subsanadas. De hecho, «los 86.000 euros a los que hace referencia el portavoz de IU, son gastos, que pese a estar justificados con factura, sus albaranes no habían sido aportados, y, además, en su mayoría correspondían a la anterior legislatura. Dichos documentos han sido ya aportados por el actual equipo de Gobierno, corrigiendo así ese defecto».
Como dato a tener en cuenta, hasta junio de 2019 Carreño era el delegado municipal de Hacienda y que controlaba las cuentas municipales y que gran parte de las anomalías detectadas se refieren al periodo de gobernaba el Tripartito: «es por ello que, ante la solicitud directa realizada por el señor Carreño en relación a posibles dimisiones por este asunto, en coherencia, asumiera el compromiso que exige para los demás, presentado él su renuncia como responsable», dijo la alcaldesa.
Ahora, esta denuncia ha sido archivada.
