El juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, que instruye el llamado caso Acinipo contra una presunta trama de corrupción en el Consistorio rondeño, por el que fue detenido el ex alcalde Antonio Marín Lara y otros cuatro concejales, entregó ayer a las partes personadas en el caso el resto del sumario que permanecía secreto. En los documentos entregados, a los que tuvo acceso este periódico, no se aportan grandes novedades sobre las líneas de investigación ya conocidas, aunque la Udyco-Costa del Sol sigue apuntando hacia el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla por su presunta relación con la tramitación de una modificación de elementos del Plan General Urbana de Ronda. La misma estaría vinculada, según los investigadores, a la posible implantación de una gran superficie comercial de la firma Eroski en la ciudad.
En concreto, la investigación considera que el asesoramiento prestado por Borbolla Abogados (bufete al que está vinculado directamente el expresidente andaluz) a la empresa Cecosa Hipermercados para este asunto, por el que se habría abonado una minuta de 226.560 euros, podría hacer que Rodríguez de la Borbolla hubiese incurrido en un presunto delito de «asesoramiento ilegal», debido a su pertenencia al Consejo Consultivo de Andalucía.
Este hecho hace que los investigadores le consideren como un alto cargo de la Junta de Andalucía, por lo que creen que le podría ser de aplicación el reglamento del Consejo Consultivo que regula las incompatibilidades de altos cargos. Además, apuntan que también habría asesorado al Ayuntamiento de Ronda sobre los pasos a seguir en este asunto.
Por su parte, Rodríguez de la Borbolla achacó todo este asunto a una «confusión» con su cargo dentro del Consejo Consultivo, explicando que tenía la condición de consejero permanente como expresidente andaluz hasta los 65 años de edad, pero que no formaba parte de la Comisión Permanente, que es el órgano encargado de tomar las decisiones en temas de urbanísticos. En este mismo sentido se pronunció el propio Consejo tras las primeras informaciones que aparecieron sobre la investigación que estaba realizando sobre este tema, señalando que Borbolla no tenía competencias en urbanismo. Un aspecto que el ex presidente insistió en resaltar ayer en declaraciones a este periódico.
De igual modo, también negó tuviese la condición de alto cargo de la Junta de Andalucía, apuntando a que el hecho de ser nombrado por decreto del Consejo de Gobierno no supone adquirir esa categoría. Además, se refirió al artículo 14 de la Ley de Regulación del Consejo Consultivo, en la que no se incluiría su cargo entre aquellos a los que se les aplica el reglamento de incompatibilidades para altos cargos. «No hay incompatibilidad alguna», afirmó Rodríguez de la Borbolla, que reconocía lo desagradable que estaba resultando todo este asunto.
En cuanto a la tramitación de la modificación de elementos del PGOU rondeño que se investiga, también negó que hubiese tenido intervención en la misma en su tramitación dentro del Consejo Consultivo andaluz. De igual modo, defendió la compatibilidad de su cargo como consejero permanente y el ejercicio de la abogacía. Precisamente, en su comunicado el Consejo afirmó que el ejercicio de la abogacía es «perfectamente compatible con la pertenencia al pleno» de dicho organismo. Mientras tanto, Rodríguez de la Borbolla insistió ayer en respetar las investigaciones judiciales y se mostró dispuesto a colaborar con la misma para explicar este asunto en caso de que fuese requerido para ello.
