Las partes personadas en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 sobre un presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Ronda (caso Acinipo) han tenido acceso esta semana a la parte del sumario que ya no permanece bajo secreto, tras la decisión de la juez instructora de levantar dicha medida sobre la mayoría del sumario, dejando únicamente unos 100 folios de unos oficios realizados por la Policía Judicial en el mes de febrero de 2013.
En los documentos que se han conocido ahora se hace un relato pormenorizado sobre las detenciones practicadas ahora hace dos años, con los resultados de los registros que se realizaron tanto en el Ayuntamiento de Ronda como en las sedes de las empresas que gestionan proyectos como Merinos Norte o Eroski, además de en los despachos profesionales de los detenidos y sus domicilios.
En la nueva documentación entregada, además de los asuntos ya conocidos y las incorporaciones de otros temas más recientes que ya han tenido diferente trascendencia pública, como el pintado de varios bloques de la barriada de El Fuerte o una operación de asfaltado de diferentes calles, aparecen algunas novedades, como la inclusión de dos autos de la juez en los que solicita a las tres entidades financieras la identificación de titulares, autorizados o copias de un cheque por un importe de 35.400 euros
Estos mandamientos no pasarían de ser uno más de la investigación de no ser por la mención que se hace en los razonamientos jurídicos a la persona de José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía (1984-1990) y ex secretario general del PSOE de Andalucía (1977-1988), apuntando que existen “indicios objetivos” de que los titulares de la cuenta mencionada, en concreto, Rodríguez de la Borbolla, podrían “haber participado” en los hechos investigados, supervisando un expediente y asesorando a algunos de los imputados en su doble condición de abogado profesional y miembro de un organismo público, como es el Consejo Consultivo de Andalucía, del que se señala que tiene capacidad para informar y resolver determinados expedientes administrativos, “obteniendo presuntamente por ello y como remuneración por una actividad privada incompatible con la pública, elevadas retribuciones”, apunta el auto dictado el 7 de febrero de 2013.
En el primero de los autos se indica que Rodríguez de la Borbolla puede “haber participado en irregularidades relacionadas con la tramitación de la modificación de elementos del PGOU de Ronda relativa al antiguo recinto ferial.
En este sentido, se asegura que se trata de uno de los principales hechos que están siendo investigados. Además, también se apunta a la relación de un bufete de abogados y la participación del ex presidente de la Junta de Andalucía en el Consejo Consultivo de Andalucía entre 2005 y 2011, “presuntamente supervisando el expediente y asesorando a otros de los imputados”, señalando su doble condición de abogado profesional y miembro de este organismo público.
No obstante, en la parte del sumario sobre la que ya no pesa el secreto del sumario no se indica el resultado de estas diligencias, que podría formar parte de los aproximadamente 100 folios que parmenecen bajo secreto
Devolución de aval a Arenal 2000
La devolución de un aval a la empresa Arenal 2000, promotora de una de las urbanizaciones construidas en la zona de La Planilla y que lleva su propio nombre, es otro de los asuntos que aparecen en esta parte de la investigación. En concreto, se hace referencia a la entrega de la documentación sobre este hecho por parte de la actual alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, y por el que fuese concejal de IU, Rafael Ruiz. Tras el análisis de la misma se decide abrir diligencias de investigación sobre el mismo.
El sumario menciona la presunta devolución de uno de los avales depositados como garantía de esta urbanización, que ascendería a un importe de 845.423 euros. En este sentido, se baraja la posibilidad que dicha devolución fuese autorizada por el entonces regidor, Antonio Marín Lara, con informes técnicos desfavorables. En el decreto de devolución, fechado en diciembre de 2008, se apunta a que se procede a la devolución de dicha cantidad, aduciendo a la “disparidad de los informes obrantes”, un criterio que los investigadores no parecen compartir.
Operación de asfaltado
En relación a la investigación denominada como ‘Corporación-Asfaltado’, que hace referencia a la adjudicación de un plan de asfaltado para la ciudad, se relata la detención de seis funcionarios municipales, dos responsables de las empresas que hacen los trabajos y un ex concejal, a los que se les acusa de presuntos delitos como prevaricación, tráfico de influencias o falsedad documental, en función de su participación en este asunto.
Todos ellos quedaron en libertad a expensas de ser requeridos por la autoridad judicial si así se considera oportuno.
Eroski
La tramitación del proyecto para la construcción de una gran superficie comercial de la firma Eroski centra buena parte de la investigación de este caso, remontándose hasta los inicios de la misma y todo el proceso posterior. En el mismo también se investigan diferentes compras de terrenos por parte de varias sociedades, viajes, reuniones, el convenio para la construcción del nuevo Real de la Feria y la presunta realización de operaciones para evitar el pago de impuestos.
En uno de los apartados se hace referencia a la transmisión entre dos sociedades de los terrenos del viejo campo de fútbol, que tuvo que ser aprobada por el Pleno de la Corporación municipal, y que los investigadores creen que pudo conllevar una maniobra para evitar el artículo 108 de la Ley de Mercado de Valores
En este supuesto se considera que se podría estar ante una posible defraudación a la Hacienda Pública, que los investigadores cifran entre 910.953 euros y 993.599 euros, en función de si toman como referencia la valoración según los técnicos municipales o la valoración según el contrato privado.
