Abordamos al Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía justo cuando contemplaba desde uno de los balcones de la Alameda una de las increíbles puestas de sol que se pueden disfrutar estas tardes en nuestra ciudad. Gracias a la intermediación de Francisco González Palmero y la colaboración del presidente de la delegación del Colegio de Abogados de Ronda, Jorge García González, conseguimos que nos atendiera durante unos cinco minutos (al final serían catorce), en los que en contra de nuestro recelo inicial, García Calderón no se mostró esquivo ante ninguna de nuestras preguntas, algunas sobre temas controvertidos y de actualidad. Para romper el hielo era casi obligado preguntarle por el tema que le había traído a Ronda, la conferencia sobre la importancia del lenguaje jurídico.
¿De verdad es tan importante el lenguaje en el ámbito judicial?
Lo que hemos puesto de manifiesto es la dificultad que tiene el lenguaje jurídico por su oscuridad, por la dificultad que tienen los ciudadanos para entenderlo. Y creo que este es un tema importante. No es una cuestión puramente estética o de prestigio, sino que tiene una incidencia directa sobre el respeto a los derechos fundamentales. Un lenguaje jurídico confuso impide muchas veces que los ciudadanos puedan controlar a la administración y limita el ejercicio de sus derechos. Así que sería importante que se hiciera un esfuerzo institucional para que adquiriera la claridad que resulta necesaria. Acercarlo a los ciudadanos y que sea un lenguaje claro, directo y compresible. Hay un falso paradigma que dice que el jurista tiene que ser intencionadamente oscuro y eso no es así. El jurista es mejor cuanto mejor se le entiende, aunque eso no quiere decir que en ocasiones no pueda usar un lenguaje técnico. Pero el problema que hemos tenido es que nunca se ha incentivado nunca eso, y creo que ahora sería un buen momento para reformar los sistemas educativos y de exigir que se cumpla lo que llamamos el derecho a comprender.
¿Se ha alejado la justicia de la ciudadanía, ha perdido la buena consideración que tenía?
La justicia penal es la que suele generar una mayor controversia social. Pero yo creo que el alejamiento se ha producido precisamente por esa dificultad en la interlocución, porque no hemos sabido trasladar correctamente qué es lo que hace la justicia, por qué se toman las decisiones, cuál es el sistema de control que se establece… En todo eso juega un lenguaje decisivo el lenguaje, y habría que hacer un ejercicio de autocrítica e intentar hacernos entender mejor. Pero yo creo que la distancia con la ciudadanía no es tan real. Los ciudadanos siguen confiando en la justicia y siguen recurriendo a ella para resolver sus conflictos, como no puede ser de otra manera. Como decía, quizá al jurista no se le forma, no se le enseña para desarrollar esta virtud. Y habrá que hacerlo en el futuro, con los nuevos jueces y los nuevos fiscales, porque una justicia que no es entendida por la gente no es justicia.
¿Y una justicia lenta es justicia?
La lentitud en los procesos es un problema endémico de la justicia. Es un problema antiguo como el mundo y no hemos sabido resolverlo. Hay que comprender que hay una serie de garantías que hay que cumplir, pero evidentemente el derecho penal tiene que acotarse temporalmente. La nueva ley que se promulgue tiene que establecer unos plazos razonables, aunque en situaciones excepcionales puedan ser prorrogados. Es una necesidad absolutamente imperiosa, y parece que las cosas van por ahí porque las reformas procesales insisten en ello.
Hay una propuesta para que sean los fiscales los que instruyan los casos, en vez de los jueces. ¿Qué le parecería esa medida?
Sí, el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley que otorga la instrucción al ministerio fiscal. Y es muy significativo que el anterior Gobierno, siendo el señor Camaño ministro, ya elaboró un anteproyecto con esa medida. Es decir, si hay algo sobre lo que no hay duda, es sobre esto, porque diferentes fuerzas políticas coinciden en esta medida. Lo importante es ver de qué forma se hace ese traslado, porque es una cuestión delicada. Hay que ver la posición que ocuparía la policía judicial, qué dependencia tiene con el ministerio fiscal, la
“El secreto sumarial, como en el caso Acinipo, no debe prorrogarse de manera innecesaria”
relación de la fiscalía con los órganos judiciales una vez que las instrucción vaya finalizando, la labor del juez de garantías… Todas estas cuestiones hay que perfilarlas con mucho cuidado, pero lo que es evidente es que es urgente que se modifique el sistema actual de investigación criminal, porque el sistema actual de instrucción no da una respuesta adecuada a la sociedad. Así que la necesidad del cambio es indudable, y lo único que queda por estudiar es cómo se hace ese cambio y cómo se resuelven algunos problemas prácticos de gran envergadura.
Pero la figura del fiscal suele asociarse mucho con el Gobierno que haya en cada momento.
Yo creo que uno de los defectos de nuestra Transición fue que se perfiló en la vida política un cuestionamiento sistemático de la fiscalía general. En ocasiones podía estar justificado, pero en otras no. Y yo le aseguro que los fiscales españoles actúan con absoluta independencia e imparcialidad. Sí hay un principio de unidad de actuación, que es una de las bases de nuestro sistema, pero toda persona imparcial es independiente, aunque no toda persona independiente es imparcial. Y nuestros fiscales son imparciales, créame. No obstante, para evitar cualquier tipo de suspicacia la solución es muy sencilla: si trasladamos la instrucción al ministerio fiscal, dotémosle de una mayor imparcialidad aún, a través de una reforma adecuada del estatuto orgánico. Y así no habrá ningún problema. Estoy convencido de que una abrumadora mayoría de fiscales estaría de acuerdo con ese aumento de las garantías de imparcialidad. Pero a mí ya todo esto me resulta demasiado recurrente. Mire, el otro día, en un proceso muy famoso, una de las partes decía que el fiscal estaba actuando siguiendo designios políticos. Y es curioso, pero en ese mismo proceso un partido nos acusaba precisamente de lo contrario. Así que todo resulta muy extraño, como si fuéramos cambiando de actitud con el tiempo. Y le aseguro que no es así. Las críticas de parcialidad vienen desde la parcialidad, y los fiscales actúan de forma imparcial. Y si alguien piensa que un fiscal no actúa así, que denuncie y se comprobará si es cierto.
Los casos de corrupción los han puesto a ustedes en el disparadero. ¿Son realmente tan complicados de esclarecer esos casos?
La corrupción política es un problema muy grave y tiene que ser atacada de una manera insistente y sin ningún tipo de limitación. Esto ya lo ha puesto de manifiesto el fiscal general del Estado en su última comparecencia en el Parlamento y hay que insistir una y otra vez sobre ello. Muchas veces la corrupción es una forma de crimen organizado y hay que atacarlo de forma coordinada, entre la fiscalía, la policía judicial, los órganos de control y fiscalización, sobre todo los de carácter contable como la cámara de cuentas, y por supuesto los órganos judiciales. Esa coordinación es la solución. Porque esta no es una lucha individual, sino colectiva, y cada uno tiene que realizar su labor. Cuando identificamos la lucha contra la corrupción con una sola persona estamos debilitándola, porque una sola persona siempre es mucho más vulnerable que un grupo en el que cada uno cumple su papel. Por eso nosotros siempre insistimos mucho en la necesidad de esta coordinación y creemos que ese es el camino a seguir. La sociedad española no puede permitirse el lujo de perder esta batalla.
Otra reivindicación es la necesidad de dotar los juzgados con más medios. ¿Cuál es la situación en Andalucía?
Es una situación complicada, porque las dotaciones de medios tanto materiales como personales es insuficientes. Pero no tanto de jueces y fiscales, sino de funcionarios. Deberían ser más numerosos y tener más incentivos y mejores condiciones de trabajo. Y sobre todo
“Le aseguro que los fiscales españoles actúan con total independencia de los poderes políticos”
es importante disminuir la carga de trabajo. Hay competencias que desarrollan los juzgados y las fiscalías que no deberían estar en el ámbito jurisdiccional, como las faltas, que deben ser despenalizadas y llevadas al ámbito administrativo. Si eliminamos esa carga de trabajo, a lo mejor no es necesario ampliar las dotaciones.
¿Cree que alguna vez vamos a conocer toda la verdad sobre el escándalo de los ERE en Andalucía?
Yo no me he pronunciado nunca sobre los ERE, ni lo voy a hacer ahora, porque está en fase de instrucción. Lo que hay que hacer es que la fiscalía anticorrupción siga haciendo su trabajo, que lo está haciendo de forma discreta y adecuada. Estoy convencido de que en los próximos meses se podrá articular una posición procesal adecuada, y confío en que lleguemos al acto del juicio oral con todos los elementos probatorios que necesitemos. Nos enfrentamos a un problema de gran envergadura que necesita toda la atención institucional, y no me refiero solo a este caso. En Andalucía hay otros casos de una enorme gravedad, que requieren toda nuestra atención y la confianza de nuestros ciudadanos en los tribunales. Y hay que darles motivos para que sigan confiando en nosotros.
Imagino que está al tanto del caso Acinipio, en el que ahora algunos de los imputados han solicitado el levantamiento del secreto del sumario porque dicen que se encuentran en una situación de indefensión.
Sí, la cuestión del secreto sumarial es compleja y es comprensible que se hagan este tipo de peticiones. Pero en los temas que están en fase de instrucción el fiscal tiene que pronunciarse en el curso del proceso y a través de sus dictámenes. La Fiscalía Provincial de Málaga tiene una carga de trabajo muy fuerte y tiene que asumir grandes asuntos con medios no siempre adecuados, pero yo confío en que al final todas estas asperezas procesales y controversias, que son naturales en este tipo de casos, se subsanen lo antes posible y que podamos concluir la investigación y llegar al acto de juicio oral.
Me consta que es usted un enamorado de Ronda.
Sí, Ronda es una ciudad que tiene virtud, y es que se la puede conocer visitándola y también leyendo sobre ella, sobre la ensoñación que ha provocado en tantos espíritus delicados y elevados. Uno vuelve una y otra vez a recuperar lecturas sobre ella, pero luego cuando llega aquí acaba sorprendiéndote como la primera vez. Y esa capacidad la tienen muy pocos lugares en la tierra.
