Se ha hecho rogar pero al fin parece que entrará en vigor la Ley de Transparencia. Era algo que todos veíamos con buenos ojos y su futura implantación en el solar patrio abre una brecha en esa desconfianza generalizada hacia los políticos, que ahora se nos aparecen con un nuevo cariz, cuanto más que serán órganos independientes del Gobierno el que velará por su fiel cumplimiento,para que nada se quede en casa. Los cargos públicos que se salten a la torera principios éticos y de buen gobierno sufrirán el flagelo de una Autoridad Fiscal Independiente, la cual se encargará de poner sobreaviso a la Administración que correspondan las transgresiones detectadas para que se incoe el procedimiento pertinente. Si hay motivos probados, sanción al canto, y si procede, destitución e inhabilitación consecuente.
Pero el procedimiento, con ser incontestable, quedaría cojo ni se contemplara el ámbito de su aplicación. Se fiscalizará el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y hasta el Banco de España: no hay institución que quede eximida de este control exhaustivo. Incluso la Casa Real ( hay que hacer notar la iniciativa propia en este caso), pasando por partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos. Aquí no se salva nadie.
Transparencia y Buen Gobierno, a éste desiderátum responde el Consejo de inminente creación que velará por la eficacia, buena fe y dedicación al servicio público de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos de todas las administraciones sin excepción.
Pero hay algo más, y es que los ciudadanos, usted y yo, podremos acceder a información sobre contratos, subvenciones , convenios y retribuciones de personas que hasta ahora se nos escapaban. Lo lograremos a través del Portal de Transparencia en Internet. Cuestiones intrincadas que, con la nueva normativa, dejarán de serlo. Eso hemos salido ganando, que no es poco.
