El pleno municipal celebrado hoy ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso político, tras la época estival. La sesión se ha desarrollado en un clima áspero, en el que el principal punto de fricción entre gobierno y oposición ha sido la integración de los 160 trabajadores de la agencia pública APALSEED en la estructura del Ayuntamiento, iniciada en enero de 2018 y que a día de hoy sigue sin culminarse.
Concretamente, el nuevo obstáculo lo supone la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de estos empleados, que desarrollan su trabajo en la Casa de la Cultura y el Patronato de Deportes, entre otros. El documento recoge la actualización de sus salarios con el fin de equipararlos con el resto de la plantilla municipal y fue aprobado por el anterior equipo de gobierno, a pesar de contar con los informes desfavorables de la Intervención y la Secretaría General.
Ahora, el actual gobierno de PP y APR ha decidido rectificar aquella decisión y dejar en suspenso la nueva relación, al considerar que fue elaborada «de forma arbitraria» y que contempla modificaciones salariales «sin justificar», según la alcaldesa, Mª Paz Fernández.
La portavoz del PP, María del Carmen Martínez, también ha alertado de las consecuencias jurídicas de las posibles reclamaciones de los trabajadores que se sientan perjudicados, y ha afirmado que la intención es que la RPT, que fue redactada por una empresa privada, sea ahora revisada por Diputación.
Desde la oposición se ha defendido que el aumento de la masa salarial, de 500.000 euros, «no es un daño irreparable», según la portavoz de Contigo Ronda, Isabel Barriga, y han recordado la subida de sueldos aprobada por el equipo de gobierno para sus concejales y cargos de confianza. «Esa medida ha supuesto 250.000 euros más de gasto, es incoherente negar ahora una subida a los trabajadores», ha añadido el edil de IU, Álvaro Carreño.
Además, estas dos formaciones, cuyos portavoces estaban en el gobierno en el momento de dar luz verde a esta RPT, han negado que el objetivo fuera conseguir votos. «Fue un proceso largo que comenzó en 2017, y había que aprobarlo aunque hubiera unas elecciones próximas», ha recalcado Carreño.
PGOU
El otro gran tema del día ha sido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El equipo de gobierno ha planteado los criterios generales que guiarán el desarrollo del nuevo documento. “Queremos un modelo de ciudad para el futuro, basado en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, que busque la excelencia turística y que palíe la falta de infraestructuras”, ha señalado el delegado de Urbanismo, Jesús Vázquez.
La oposición ha afirmado que estas líneas estratégicas están vacías de contenido. “Son expresiones más propias de una campaña electoral”, ha aseverado Aguilera. Desde IU también se ha criticado que estos principios se hayan establecido sin contar antes con la participación y la opinión de los técnicos y de los vecinos de Ronda.
Asimismo, se ha nombrado como coordinador de los trabajos a un asesor de Urbanismo, cargo de libre designación, lo que ha contado con el rechazo frontal de la oposición. Por parte del PSOE, incluso se ha recordado que la persona elegida “iba en las listas del PP” en las últimas elecciones municipales.
Vázquez ha defendido esta designación, explicando que se trata de un ingeniero de caminos, canales y puertos “con capacidad más que suficiente” y cuya labor será únicamente la de “coordinar los trabajos entre todas las administraciones”, no la de redactar el proyecto. Esta tarea quedará reservada a una empresa o profesional que se elegirá por licitación, ha explicado el edil.
Por su parte, la portavoz de APR, Josefa Valle, ha afeado a los grupos de la oposición su postura contraria, cuando no fueron capaces de sacar adelante el documento en el anterior mandato, cuando estaban en el gobierno.
Otros acuerdos
En el pleno también se ha dado luz verde a la modificación de la ordenanza sobre convivencia ciudadana, que a partir de ahora contempla la obligación para los dueños de perros de diluir la orina de sus mascotas en la vía pública. Las sanciones por no llevar la botella con el líquido para ello podrán alcanzar los 50 euros, mientras que no usarla puede ser motivo de multas de 150 euros.
Asimismo, se ha aprobado el pago de la deuda con la Universidad Nacional a Distancia (UNED), por importe de 43.000 euros, y de otros 22.000 euros a la Universidad de Málaga por la organización de los Cursos de Verano. En este último caso, la cantidad adeudada asciende a 90.600 euros, por lo que el Ayuntamiento aún deberá afrontar el pago de 68.600 euros.
