La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, y el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, se han reunido hoy mismo tras conocerse ayer los datos reales de las listas de espera sanitarias en la comunidad autónoma, para analizar estos números y abordar la aplicación en la provincia del Plan de Choque previsto por la Consejería de Salud destinado a reducir tales cifras.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha detectado que 843.538 personas están pendientes de una intervención o de una consulta de atención especializada hospitalaria, más del doble de las que se conocían hasta diciembre de 2018. De esta cifra, 167.117 pacientes corresponden a la provincia de Málaga, por lo que la delegada del Gobierno andaluz y el responsable territorial de Salud de la Junta han decidido impulsar de manera inmediata medidas que palíen esta situación.
“Por fin conocemos los datos verdaderos y ahora que tenemos un diagnóstico es cuando podemos actuar para atajar esta preocupante realidad de la sanidad andaluza”, ha afirmado Navarro, quien ha destacado la promesa del nuevo gobierno andaluz respecto a la transparencia, “algo que se está viendo ya”.
De las 167.117 personas pendientes del Servicio de Salud, 136.387 esperan algún tipo de prueba o consulta especializada, mientras que 30.730 engrosan la lista de espera quirúrgica, y de ellas 7.397 están fuera de los plazos establecidos, con más de un año de espera.
Según los datos ahora recabados por la Consejería de Salud, la media de espera para primeras consultas en Málaga ha sido de 132 días y de 332 para una intervención quirúrgica. Además, en junio de 2018 había ya 96.882 personas más en lista de espera de las que fueron declaradas oficialmente. Es decir, que el SAS en su momento contabilizó 59.909 pacientes cuando en realidad eran 156.791 los que aguardaban una cita para operación o consulta médica especializada hospitalaria.
“A sabiendas sacaron a decenas de miles de personas de esas listas de espera ‘oficiales’ al contabilizar sólo a las que estaban bajo el Decreto de Garantías de la Junta; ahora no será así, ya no habrá más datos sesgados y además se pondrán todos los esfuerzos en solventar la situación con ese plan de choque aprobado por el Consejo de Gobierno” este martes y que prevé la liberación de 25,5 millones de euros para adoptar medidas que ayuden a reducir las listas de espera desde ahora a diciembre de 2019, ha subrayado la delegada del Gobierno andaluz.
La Consejería de Salud ha previsto incrementar las intervenciones quirúrgicas, avanzar en el pacto de horas extraordinarias con los profesionales sanitarios, potenciar la cirugía ambulatoria y derivar cuando sea preciso pacientes a hospitales concertados.
Precisamente la saturación de los centros dependientes del SAS se refleja también en los datos aflorados, con 10.626 personas en la lista de espera quirúrgica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y 9.599 en el Regional. Ambos centros suman además más de 100.000 pacientes en sus listas de espera de consultas externas.
“Se han confirmado por desgracia las sospechas de que las listas de espera estaban maquilladas por el anterior Ejecutivo; se han ocultado las cifras de los pacientes pendientes de operaciones o consulta hospitalaria y nosotros tenemos la obligación de contar la verdad a los malagueños y a los andaluces una vez verificados los datos reales”, ha insistido Navarro.
La delegada de la Junta ha destacado la celeridad con que el nuevo gobierno ha planificado ya las “soluciones precisas, por un lado para que no se oculten más estos datos, y por otro para solventar este escándalo”, priorizando a pacientes fuera de plazo y luego a los que llevan más de un año esperando.
En este sentido el delegado de Salud ha lamentado que decenas de miles de familias “estén pendientes de una llamada para beneficiarse de un derecho básico como es de la sanidad gratuita y universal” y ha criticado que las listas de espera del SAS hayan sido “manipuladas durante casi veinte años en beneficio de un objetivo político”.
El objetivo nominal del decreto de garantía de plazos aprobado por la Junta de Andalucía en 2001 era dar cobertura con transparencia a la asistencia sanitaria quirúrgica y de pruebas diagnósticas, al tiempo que supuestamente otorgaba a los pacientes un instrumento para reclamar sus derechos, pero finalmente “se convirtió en una herramienta inoperante puesta al servicio de intereses políticos”, ha concluido Bautista.
Desde la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia se trabaja, junto a la Delegación territorial de Salud, en la elaboración de propuestas concretas que sirvan para reducir el número de pacientes en listas de espera en Málaga y aportarlas a la Consejería de Salud.
