El proyecto urbanistico de Los Merinos podría ver reducido sus dimensiones para adaptarse a las exigencias de la Junta de Andalucía. Esa, al menos, es la intención de los responsables de la empresa promotora, Copisa, según declaró ayer la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, tras un encuentro entre ambas partes. “Nosotros no tenemos ningún problema con el proyecto, es la Junta de Andalucía la que está poniendo pegas”, afirmó la regidora en una comparecencia ante los medios de comunicación.
Además, también daba a conocer que el Ayuntamiento ha rechazado la petición que presentó la promotora para dejar en suspenso los pagos establecidos en el convenio firmado entre ambas partes a causa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el plan parcial de Merinos que fue aprobado por la Junta de Andalucía en 2005. En este sentido, Fernández explicó que la decisión se debe a que “hasta el momento no hay una sentencia firme”.
Mientras tanto, los representantes de la empresa insistieron en su negativa a seguir realizando abonos hasta que no se despeje el futuro judicial del proyecto, quedando nuevamente en el aire el pago de unos 900.000 euros, una falta de ingresos que está provocando importantes problemas en las arcas municipales en el apartado destinado a inversiones, al ser uno de los pocos ingresos extra que se podían destinar a estos fines.
En cuanto a los recursos contra la sentencia del TSJA, la alcaldesa confirmó que Ayuntamiento y empresa seguirán trabajando de forma conjunta para tratar de hacer ver al Supremo que el proyecto sí que se adapta a la normativa urbanística andaluza del momento y, por tanto, podría seguir desarrollándose en el momento que la empresa lo considerase oportuno.
