La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda ha decretado la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Málaga contra los acusados por el conocido como ‘caso Acinipo’, con lo que se cierra de forma definitiva la instrucción de este proceso judicial en el que se investigan una serie de delitos económicos y urbanísticos que se habrían producido en el Ayuntamiento durante el mandato del ex alcalde Antonio Marín (PA y PSOE).
En el decreto que ha emitido la juez con fecha 18/01/2019, se desestima la alegación que presento IU como acusación particular, en la que solicitaba la ampliación del número de acusaciones y de los delitos sobre las personas que resultaron implicadas en este caso.
De esta forma tendrán que acudir a la Audiencia Provincial las siguientes personas por el caso Acinipo:
-El ex alcalde y actual portavoz de APR, Antonio María Marín Lara, por su presunta participación en dos delitos de prevaricación; dos delitos de falsedad en documento oficial; un delito de fraude; un delito continuado de tráfico de influencias y un delito de cohecho pasivo.
– El ex secretario municipal, Jesús Díaz de Lope Díaz Sánchez, por su presunta participación en un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial.
– El ex concejal socialista Francisco Jesús Cañestro Aranda por su presunta participación en un delito de tráfico de influencias.
– El constructor Francisco Vera Cruces por su presunta participación en un delito de falsedad en documento oficial.
– El arquitecto municipal Sebastián Naranjo Sánchez por su presunta participación en un delito de falsedad en documento oficial.
– El ex concejal andalucista Rafael Lara López por su presunta participación en un delito de cohecho pasivo.
– La concejal de APR Josefa Valle Álvarez por su presunta participación en un delito de cohecho pasivo.
No obstante hay que recordar que los acusados presentaron un recurso el pasado verano contra la decisión de la juez instructora de transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, sobre el que se tendrá que pronunciar la Audiencia Provincial. Algunos imputados afirman que no se practicaron algunas pruebas que ellos solicitaron en relación de este caso y que la juez únicamente se limitó en aquel procedimiento judicial a seguir las pretensiones de la Fiscalía.
Igualmente la juez acuerda denegar la apertura de juicio oral y no se tiene por formulada la acusación contra los empresarios Alfonso Javier Fernández Villacorta, Miguel Ángel Borrego Alcaide y José Miguel Yubero Casanova por los delitos de cohecho, como reclamaba la acusación particular de IU.
La juez también establece que todos los acusados deben continuar en libertad provisional con la obligación de comparecer ante este Juzgado o Tribunal que conozca de la causa siempre que fueren llamados, bajo apercibimiento de que en caso de no verificarlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, lo que se le hará saber en forma legal. No se establece ninguna fianza para los acusados.
Finalmente la juez indica que contra esta resolución no cabe recurso alguno excepto en lo relativo en su caso a la adopción, modificación, suspensión o revocación de medidas cautelares relativas a la situación personal de los acusados y al pronunciamiento denegatorio de apertura de juicio oral contra los que cabe recurso de reforma y/o subsidiario de apelación, pudiendo las partes reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.
