El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ronda ha archivado provisionalmente la denuncia que presentó en 2015 el Grupo Municipal Socialista de Cortes de la Frontera contra el entonces alcalde del municipio, Antonio Granero (PA), por los presuntos delitos de prevaricación, irregularidades en la contratación pública, así como malversación de caudales públicos, por el procedimiento que siguió en la venta del corcho de su término municipal.
Ahora, tres años después, la juez que ha instruido este caso ha emitido un auto en el que declara el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al considerar que “no puede concluirse que los hechos investigados sean constitutivos presuntamente de delitos de prevaricación y de malversación, ya que no existe soporte para sostener que los denunciados (también estaba como investigado un concejal de Granero) cometieran conducta delictiva”.
Pero la juez va más allá en sus conclusiones, al afirmar en su auto que «no se observa ilegalidad para soportar imputaciones por delito, y no basta con la detección de irregularidades administrativas, a salvo de los problemas existentes entre los grupos políticos del Consistorio, claramente evidentes, que deberán resolverse por la vía correspondientes”.
Denuncia
El Partido Socialista de Cortes de la Frontera denunció en 2015 ante los tribunales al entonces alcalde del municipio, Antonio Granero (PA), por supuestas irregularidades en la adjudicación del aprovechamiento del corcho, uno de los recursos económicos más importantes del municipio.
El entonces candidato socialista a la Alcaldía y portavoz del PSOE, Antonio Ruiz, fue el encargado de interponer la denuncia en los juzgados de Ronda. Ruiz explicó que la propuesta de adjudicación «no ha pasado por el pleno municipal», un paso imprescindible para poder llevar a cabo la medida, ya que Granero «no tiene competencias» para aprobar la adjudicación de forma unilateral.
Desde el PSOE se consideraba que el aprovechamiento del corcho, que se extrae de montes de titularidad municipal, supone un asunto de gran relevancia para el pueblo, y por tanto merecería un debate en el que participaran todos los grupos políticos. «Debería haber pasado por Pleno para que todos los representantes de los ciudadanos de Cortes de la Frontera tuvieran voz en esta decisión».
Además de la posible irregularidad en los procedimientos utilizados para sacar adelante la adjudicación, el portavoz socialista también considera que se trata de una cuestión ética: «Es una falta de respeto y de responsabilidad que el alcalde apruebe de esta forma la adjudicación de nuestro corcho», añadió el candidato. Sobre los argumentos concretos que sustentan la denuncia, Ruiz explicó que la adjudicación debe ser declarada nula porque su importe supera el 10% del presupuesto y se ha contratado durante un periodo de cinco años.
Sin embargo, ahora los tribunales han tumbado todas estas acusaciones y han archivado la causa.
