El Ayuntamiento de Ronda y la Fundación Gypaetus se personarán como acusación particular en el proceso judicial abierto contra el último detenido por un presunto uso ilegal de cebos envenenados, que supuso la detención del presidente de una asociación rondeña de silvestristas. En este sentido, el delegado municipal de Medio Ambiente, Rafael Flores, presentó esta iniciativa como un «ejemplo» del compromiso del Consistorio en la lucha contra la utilización de cebos envenenados, además de unir fuerzas y dar muestra de la colaboración que existe a través de la Red Europea de Municipios contra el Veneno, que pretende erradicar este problema que sigue ocasionado cada año la muerte de cientos de animales de compañía, especies silvestres y otros tantos ejemplares de especies protegidas en distintos puntos de Andalucía.
En concreto, el águila imperial, el alimoche o el quebrantahuesos son algunas de las especies que sufren una mayor amenaza por la presencia en el campo de carnes impregnadas por diferentes venenos que terminan ocasionándoles la muerte, ya sea por su ingesta directa o al depredar a alguno de los animales que han muerto por haberlos comido.
La operación desarrollada en Ronda por agentes del Seprona, en colaboración con la Patrulla Verde de la Policía Local y agentes de Medio Ambiente, permitió la detención de este vecino de la ciudad por la presunta colocación de cebos envenenados en su finca, una zona próxima al arroyo de la Toma y que está considerada como de especial importancia ecológica.
En los últimos meses han sido varios los casos de presuntos envenenamiento de perros los que se han denunciando, lo que hizo saltar las alarmas entre los cuerpos de seguridad, y que culminó con la investigación que ahora ha dado lugar a la personación en el caso tanto de la Fundación Gypaetus como del propio Consistorio. No obstante, algunos de los propietarios de los animales que resultaron afectados mostraron su preocupación por esta práctica, ya que, en algunos de los casos las ingestas tuvieron lugar en zonas próximas la urbanización Arenal o el barrio de San Francisco, que se encuentran ciertamente alejadas de la finca del ahora imputado.
