La Consejería de Justicia ha reforzado el Palacio de Justicia de Ronda con otra juez que se ha incorporado recientemente a su destino.
En concreto se trata de una segunda juez que ha llegado a la Ciudad del Tajo para reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y así agilizar la instrucción del caso Acinipo, entre otros procesos judiciales que están pendientes de resolverse.
Con esta incorporación, la titular del Juzgado número 2 dirigirá los procedimientos penales, mientas que la nueva juez de hará cargo de los civiles. Así resultará más fácil poder analizar con más detalle y diligencia los 14.000 folios que componen el caso Acinipo.
De esta forma, el Palacio de Justicia de Ronda, que cuenta con tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción, pasa de tener tres jueces a cuatro en estos momentos.
Prórroga de la instrucción
Y es que tras la petición que formuló la Fiscalía en el pasado mes de junio, la juez dictó un auto por el que se prorrogaba durante un año más y por última vez la instrucción de este procedimiento, ya que recientemente finalizó la prórroga anterior que era de un año y medio.
De esta forma toda la instrucción del caso Acinipo deberá estar culminada para el próximo mes de junio de 2018, momento en el que se tendría que proceder a realizar las acusaciones sobre las personas investigadas, dejar a algunas de ellas fuera del caso y mantener a otras, o en caso contrario dar archivo a la causa.
Acinipo, seis años después
A finales de septiembre de 2011 tuvo lugar la intervención por parte de la Policía del Ayuntamiento de Ronda, y con ello el inicio del caso Acinipo.
Siete detenidos y abundante documentación intervenida tras más de nueve horas de registro del Ayuntamiento y de la Delegación de Urbanismo de Ronda fue el resultado de la operación Acinipo, que la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción llevaron a cabo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 del Ronda que sigue investigando desde entonces este caso de presunta corrupción urbanística cometido, supuestamente por algunos concejales.
El ex alcalde y actual portavoz de APR, Antonio María Marín Lara, y otros tres concejales del PSOE: Francisco Cañestro, María José Martín de Haro y Rafael Lara, fueron algunos de los implicados en este procedimiento, y a los que se les imputaron presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales. Todos ellos fueron detenidos en aquella operación en sus domicilios.
Los otros detenidos en el marco de esta operación contra la corrupción urbanística fueron el abogado de una empresa promotora y constructora del municipio, mientras que los otros dos arrestos se produjeron en Madrid y el País Vasco.
Después de casi seis años, sigue la instrucción de este caso que, según las informaciones que están llegando, parece que ahora se agilizará.
