El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga tiene previsto juzgar este jueves a un hombre para el que la Fiscalía solicita tres años y medio de prisión, al acusarlo de los delitos de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad del tráfico, por, supuestamente, arrollar a dos ciclistas rondeños en la carretera A-384 en el término municipal de Campillos en 2013.
Los hechos sucedieron el 10 de febrero de dicho año, cuando el acusado, según el escrito provisional del ministerio público, conducía un vehículo con sus facultades mermadas «debido a la ingesta de alcohol y sustancias psicotrópicas», lo que suponía «lentitud de reflejos, reducción del campo visual y alteraciones de la percepción». Estos efectos, según la acusación pública, «limitaban gravemente en el acusado su aptitud para el manejo del vehículo a motor» y a consecuencia de ello «invadió el arcén del margen derecho por donde circulaban los ciclistas, colisionando por alcance con los mismos», sin percatarse de su presencia, «embistiéndolos y lanzándolos por el aire hasta caer al suelo».
El acusado, señaló el ministerio fiscal, no accionó «en ningún momento» los mecanismos de dirección y frenado, dando 0,49 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y 0,51 en la segunda, además de positivo en anfetaminas y MDMA, según las conclusiones provisionales presentadas en su momento ante el juzgado correspondiente.
Además, presentaba otros síntomas, como pupilas algo dilatadas, habla y deambulación titubeante, rostro congestionado, ansiedad y halitosis alcohólica «notoria» a distancia, apunta la acusación pública en su calificación inicial.
Debido al fuerte impacto, uno de los ciclistas sufrió traumatismo craneoencefálico y el otro, politraumatismo, falleciendo ambos en el mismo lugar del accidente.
La Fiscalía solicita que el procesado y directamente la compañía aseguradora del vehículo pague a los familiares del primero 153.000 euros y a los del segundo, 162.500 euros. Se le acusa de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra la seguridad del tráfico, estando los dos primeros en concurso ideal.
Además de la pena de prisión e indemnización, el ministerio público solicita la privación del permiso de conducir vehículos de motor durante seis años.
Se da la circunstancia de que los dos ciclistas fallecidos eran unas personas muy queridas y conocidas en la ciudad y mantenían una gran afición por este deporte.
