El Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga tiene previsto juzgar esta semana, en concreto el día 27 de enero, al alcalde de Faraján, acusado por la Fiscalía de un delito contra la ordenación del territorio por otorgar dos licencias, una en 2010 y otra en 2011, para la obra de una vivienda y un almacén, supuestamente irregular.
Además del regidor, Fernando Fernández Bautista (PSOE), para el que el fiscal solicita dos años de prisión y ocho de inhabilitación, están acusados el que era secretario-interventor en dicho Ayuntamiento en ese momento y el promotor de la construcción, según las conclusiones provisionales de la acusación pública.
En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se explica que el constructor quería hacer una vivienda y almacén agrícola en un paraje del municipio. Sabiendo «las dificultades» que iba a tener para construir en suelo no urbanizable, dice la Fiscalía, en 2007 solicitó licencia para una nave destinada a almacén de aperos, la cual obtuvo.
Realizada la edificación, presentó un certificado en el que acreditaba que la construcción se ajustaba al proyecto autorizado, solicitando licencia de primera ocupación para la nave de aperos.
Ya en 2010, agentes del Seprona inspeccionaron la edificación y descubrieron, según sostiene el ministerio público, que la nave «se había transformado en un inmueble de almacén agrícola, vivienda y trastero», contando con tres habitaciones, salón y dos baños.
Los agentes pidieron información al Ayuntamiento, tras lo que el alcalde «se aprestó a conceder la licencia de primera ocupación solicitada tres años atrás» para la supuesta nave, pero «teniendo conocimiento de que las obras verdaderamente realizadas no se correspondían con las autorizadas», dice el ministerio público.
Asimismo, «consciente de la ilegalidad», el otro acusado, secretario-interventor, «extiende una certificación de la resolución anterior, que data del mismo día del año 2007», en la que se hace referencia no sólo al almacén sino también «a la habitabilidad de una vivienda».
Como se inició un expediente de restablecimiento de la legalidad, según el fiscal, el constructor presentó solicitud de tramitación de un proyecto de actuación, «para legalizar lo ilegalmente construido». El secretario, a pesar de haber un informe técnico desfavorable, «ignorando tales objeciones, emitió un informe jurídico a favor». La Junta también informó de forma negativa.
El proyecto fue aprobado en el Pleno y el regidor, «para culminar el irregular proceso de legalización de lo ilegalizable», dice la Fiscalía, concedió en 2011 una licencia para legalización del almacén y la vivienda «vinculada a explotación agrícola».
La acusación pública sostiene que, según las normas aplicables en ese momento, el suelo está en una zona de especial protección, apuntando la acusación fiscal que la vivienda «es ilegalizable y la licencia no debió darse».
El ministerio público acusa al alcalde de dos delitos contra la ordenación del territorio, solicitando dos años de prisión, multa e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años. Para el secretario pide la misma pena por los mismos delitos y para el promotor solicita un año y nueve meses de cárcel, multa e inhabilitación.
