La formación ecologista Espacio Verde Ronda (EVA) ha denunciado que desde el Consistorio no se le ha permitido el acceso al expediente del proyecto presentado para la ampliación de las instalaciones que posee la Real Maestranza de Caballería de Ronda en el arrabal, zona situada junto a los Baños Árabes y próxima a las murallas y el casco antiguo de la ciudad.
En este sentido, según el documento registrado en el Consistorio, la formación asegura que se podrían estar “vulnerando” los principios de cooperación y colaboración, así como los de transparencia y participación.
En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se indica que se presentaron alegaciones el 7 de marzo de 2016 a este proyecto, aunque desde esa fecha no habrían podido tener acceso a la documentación del proyecto. Además, explican que el 22 de abril se remitió otro escrito al Consistorio solicitando la documentación del mencionado proyecto “sin que hasta la fecha se haya facilitado a esta parte el acceso al mismo”.
De igual modo, aseguran que la legislación reconoce el derecho a los ciudadanos ante cualquier tipo de alegación a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de los documentos contenidos en ellos.
Ante la imposibilidad de acceder al mencionado expediente, desde EVA advierten que el Ayuntamiento de Ronda podría concurrir en la “nulidad del expediente”, ya que consideran que no se habrían respetado varios de los artículos de la legislación que garantizan ese acceso a la información. En concreto, se mantiene que la actitud mantenida en este caso supondría la vulneración de hasta 3 artículos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local “al no facilitar información, no reconocer el derecho de cualquier ciudadano a la consulta de archivos y registros y no velar por los procedimientos adecuados para una efectiva participación de los vecinos en la vida pública”.
Pero la formación ecologista no se ha quedado simplemente en exigir responsabilidades políticas, ya que también ha pedido la “identificación” de las autoridades y del personal al servicio de la Administración encargados de la tramitación de este procedimiento. Una petición que va encaminada a la posible exigencia de responsabilidades por su intervención en este asunto.
