Si es verdad que lo que buscamos es una regeneración de la vida política y, consecuentemente, una mejora en nuestras relaciones sociales, tanto públicas como privadas, es necesario empezar a asumir que la imaginación ética empieza por aprender a ponerse en el lugar del otro.
Esto, que en principio parece una evidencia, no lo es tanto. Y máxime cuando en política, como en tantos otros campos, lo primero que pudiera empezar a escasear son los valores. El respeto hacia otras instituciones, en el ejercicio de las funciones propias que le otorga la Constitución, intentado alterarlas; o la equidad, intentado vaciar el contenido que es más evidente a una norma jurídica para adaptarla a intereses cuando menos partidistas, si no personales.
Una de las noticias más alarmantes que ha publicado la prensa nacional en los últimos años tiene que ver precisamente con esto. Máxime si el intento de manipulación se hubiera intentado llevar a cabo contra la más alta institución del Estado, la Corona. Este hecho, de suyo, podría suponer una flagrante degradación de la vida política española. El art. 62,-d de la Constitución, establece que “corresponde al Rey proponer al candidato del Gobierno”. Esta función la ejercería libremente, después de establecer rondas con los distintos representantes de las formaciones políticas elegidas. Así pues, el monarca se erige en figura independiente y garante del buen término de los resultados electorales, entendiendo también, como es la actual situación, el desbloqueo político.
En este sentido, sería preciso analizar los pasos dados tras los resultados electorales por personajes políticos a los que a estas alturas se les debe suponer un alto grado de responsabilidad, tal es el caso de Mariano Rajoy, presidente en funciones de la nación. A pesar de ser la fuerza más votada, Rajoy pidió en la primera ronda al monarca que no le propusiese como candidato. Al parecer, según publica la prensa nacional, en la segunda ronda no sólo a él, sino tampoco a Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, desde Moncloa se exploraron fórmulas legales para poder convocar nuevas elecciones sin que nadie acudiera previamente como candidato al Congreso, para lo cual, incluso se consultó al Consejo de Estado en este sentido.
Todo esto supone una grave injerencia en las funciones del Jefe del Estado y un vaciado de contenido de la Constitución. Al mismo tiempo, ha erosionado las relaciones entre la figura de un presidente en funciones y el Rey, tensado las relaciones entre el Monarca y el partido que representa Rajoy. Curiosamente las primeras urgencias del Ibex, y de Felipe González para dejar formar gobierno, mediante la abstención del otro –un guiño al PP-; han dado paso a un silencio de éste y a últimas las declaraciones del Ibex que piden un gobierno sin el PP y que parecen no apostar por la continuidad de Rajoy-. El análisis de este tipo de noticias no nos vendrá como un apunte desde el confort intelectual, sino desde la perplejidad.
