Hace apenas medio año, el entonces Jefe de la Oposición, Mariano Rajoy, acusaba al anterior presidente del gobierno de ocultar la verdad sobre la situación económica de España y se quejaba de que sus decisiones eran imprevisibles y carecían de la sensatez que debería aportar un plan eficaz para salir de una crisis feroz a la que aquel infausto ZP (–que ni siquiera sabía lo que costaba un café en la calle–) denominaba “una suave desaceleración de nuestra economía”.
Así las cosas, Rajoy basó su campaña electoral en prometer y asegurar al electorado que en todo momento diría a los españoles la verdad de la situación, por mala que esta fuera. Prometió algo más: que gestionaría y haría lo que tuviera que hacer para sacar a España de la crisis, dejando al margen tres áreas que él consideraba intocables: Sanidad, Educación y Asuntos Sociales, y todo ello sin necesidad de subir impuestos al contribuyente, algo que insistentemente venía repitiendo desde la oposición en los últimos años.
Más por castigo a su predecesor que por lo bienintencionado de su discurso, hace seis meses Mariano Rajoy y el Partido Popular recibieron el respaldo mayoritario de los electores para emprender las reformas necesarias y poner orden en el caótico desbarajuste causado por los socialistas en la economía del país. Seis meses después, poco o nada de lo prometido se ha cumplido, y los recortes aplicados amenazan seriamente la estabilidad de las familias españolas.
Cualquier ciudadano normal puede entender que aquel Mariano Rajoy, que prometió ser un presidente previsible, se haya visto desbordado porque la gravedad de la crisis era mucho, –muchísimo mayor–, de lo que nadie imaginaba (o de lo que le contaron en su día cuando era Jefe de la Oposición), y que por evitar la ruina de España ahora tenga que contradecirse, subir los impuestos y recortar partidas y derechos ciudadanos que hasta hace poco prometía respetar.
Ya digo que hasta aquí los ciudadanos “sensatos” podemos entenderlo, pero lo que no se comprende de ningún modo es que Rajoy pretenda ahora ocultar a los ciudadanos las causas de la bancarrota de Bankia, una quiebra de veintitrés mil millones de euros que se pretende cubrir con dinero público por propia decisión suya.
¿Qué es eso de que se van a destinar cuatro “billones” de las antiguas pesetas y no se piensan dar explicaciones a la ciudadanía? ¿Cómo es que los enfermos van a tener que pagar más por sus medicinas o por un traslado en ambulancia, o que los pensionistas pueden perder las ayudas a la dependencia que les provoca su edad? ¿Qué es eso de que a los médicos, maestros y funcionarios se les obligue a trabajar más tiempo y a cobrar menos, y ahora no se quieran dar explicaciones de un agujero bancario de cuatro billones de pesetas? Cuando se trata de dinero público cualquier euro que se gaste debe justificarse ante los ciudadanos por los responsables políticos.
El error que comete Mariano Rajoy es mayúsculo, y va más allá de la simple pérdida de confianza en su gestión como Presidente del Gobierno de España. Es mucho más grave porque supone un quebranto de la soberanía del pueblo y de la democracia. Además, da pie a que los ciudadanos piensen que tanto secretismo sea para salvar la cara de los representantes del Partido Popular en los consejos de administración de Bancaja y de Caja Madrid, entidades que soportaron el desarrollo de la Comunidad Valenciana y de Madrid, ambas gobernadas por su partido desde hace años.
Ya digo que lo de la pérdida de confianza en su figura como Presidente del Gobierno a estas alturas es lo de menos, pero atentar contra la soberanía del pueblo, aparte de inadmisible, es ilegal y un delito en toda regla, porque esa ocultación de la verdad impide que los ciudadanos, asociaciones y demás entes sociales puedan, por ejemplo, interponer una demanda contra los “gestores” que han provocado una quiebra que va a costar a los contribuyentes nada menos que veintitrés mil millones de euros de su dinero, con el consiguiente perjuicio y detrimento para otros gastos sociales que los ciudadanos consideramos más necesarios y que ahora se nos obliga a pagar de nuestro bolsillo.
Ya está bien de que a la hora de arreglar ruinas y rescatar entidades financieras que quiebran por la incompetencia y codicia de sus gestores (esta misma semana pretendían “jubilar” a un alto cargo de Bankia con catorce millones de euros de indemnización), ya esta bien –digo–, de que a la hora de pagar, paguemos todos, y a la hora de repartir beneficios se lo lleven unos pocos. Esto es inadmisible y se tiene que acabar, porque los ciudadanos queremos ver cuanto antes a los culpables sentados ante la Justicia. Por mucho menos dinero hace veinte años metieron en la cárcel a Mario Conde, por un agujero en Banesto de 2.704 millones de euros (–casi diez veces menor–), y ni que decir tiene que los ciudadanos estamos impacientes por comprobar si es verdad aquello de que “la justicia es igual para todos”.
Que se hunde Bankia… ¡Qué se hunda! Me parece que a muy pocos españoles les preocupará que vaya a la ruina un banco que nos deja un pufo de miles de millones de euros y que encima embarga las casas de los parados dejando en la calle a sus familias. Si se hunde… pues se cierra y se embargan sus inmuebles para pagar a los acreedores, igual que hacen ellos con los pequeños comercios que se ven obligados a cerrar por culpa de la crisis.
A ver si ahora, al menos, los empleados de Bankia o de cualquier otra entidad que haya recibido dinero público para “sanearse”, dejan de ponerle mala cara a los clientes y no les obligan a ir sólo los martes o los jueves a primera hora de la mañana para pagar los recibos de la luz o del teléfono… Dice el refrán que es de bien nacidos ser agradecidos. Pues eso, que los bancarios de las entidades intervenidas, –desde el director hasta el cajero–, deberían gastar más simpatía y agradecimiento con los ciudadanos que les permitimos conservar su puesto de trabajo con el dinero de todos.
