La defensa presenta un recurso argumentando que se han vulnerado sus derechos fundamentales
La defensa del joven condenado por la muerte de María Esther, en Arriate en enero de 2011, solicitó el pasado jueves que se anule la sentencia y se absuelva a su cliente, argumentando que se han vulnerado derechos fundamentales en la investigación. Por contra, las acusaciones, Fiscalía de Menores y la familia de la víctima, pidieron que la resolución sea confirmada, alegando que los hechos están acreditados y la instrucción fue correcta. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga acogió la vista a puerta cerrada por el recurso de apelación presentado por la defensa del joven contra la sentencia del Juzgado de Menores número 1 de Málaga, que le condenó por un delito de asesinato, a ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada. En la comparecencia, declararon tres testigos propuestos por la defensa y las acusaciones se opusieron al recurso.
Al término de la vista, el abogado defensor, Andrés Gálvez, explicó que primero se pide que se anule la sentencia, pero con independencia “se impugnan otros pronunciamientos”, como la calificación del hecho como asesinato y también la responsabilidad civil, al considerar que no hubo alevosía. Dijo que “desde el primer momento se han llevado a cabo las actuaciones con todo un cúmulo de irregularidades e infracciones procesales”. Puso como ejemplo “llevar a cabo actuaciones de detención y entrada y registro sin algo tan elemental como la presencia de un letrado, no llevarse a cabo la toma de muestras con control judicial, no hay tampoco una autorización judicial para ese sondeo de prueba masiva de ADN y tampoco hay constancia de a qué personas se ha tomado las muestras iniciales, que supuestamente luego se cotejaron”.
Asimismo, Gálvez explicó a los periodistas que aparecieron ADN “distintos a los del menor y simplemente se imputa al menor”. “Desde el primer momento no se ha querido averiguar los hechos, no se ha querido averiguar al responsable o los responsables de los hechos sino averiguar en el menor al responsable de los hechos y contra eso evidentemente no se puede luchar”, indicó el letrado defensor, quien incidió en el “cúmulo de irregularidades”. Sobre los testigos propuestos por él, señaló que ha faltado uno de los cuatro que fueron admitidos por la Sala y se denegó la suspensión de la vista para volverlo a citar. Además, dijo que ni el menor ni sus padres han sido citados, con lo que “se le ha negado el derecho a la última palabra al acusado, que debería haberla tenido puesto que se han practicado pruebas que forman parte de un juicio y que no se hicieron en su momento”.
Por su parte, la abogada de los padres de la víctima, Bárbara Royo, indicó que tanto ella como la Fiscalía han defendido “la virtualidad de la investigación, que ha sido perfecta”, porque, señaló, “no ha habido ni un solo derecho fundamental y ni una sola norma de procedimiento vulnerados” y los informes emitidos por la Guardia Civil, cuya actuación “ha sido intachable”, son “absolutamente válidos”. Además, apuntó que el ADN del joven “está por todas partes”. Respecto a la alevosía, la letrada explicó que para las acusaciones “está suficientemente acreditada”, incidiendo en que ya quedó demostrado también en el juicio. Los padres de la pequeña, Juan y Carmen, también acudieron a la Ciudad de la Justicia, aunque no pudieron entrar en la vista por el recurso. El progenitor señaló que los hechos quedaron “claros” tras el juicio, apuntando “las huellas están ahí, el ADN está ahí”.
