El Ayuntamiento de Ronda será inflexible con la promotora Arenal 2000, que levantó una de las mayores urbanizaciones de la ciudad en la época del llamado boom inmobiliario y que todavía no ha sido recepcionada. De momento, los responsables municipales han comunicado a los representantes de la promoción que se ha iniciado el expediente administrativo para la incautación de aval económico depositado en su momento para realizar la obra, y que asciende a una cifra cercana a los 3 millones de euros. Este es el paso previo para que el Consistorio puede disponer de ese dinero y ejecutar directamente las obras de urbanización que todavía están pendientes o solucionar los problemas existentes, y que han sido enumerados por parte de los servicios técnicos municipales del área de Obras.
El último de los encuentros entre ambas partes tuvo lugar el pasado miércoles, cuando el propio promotor cordobés, Rafael Gómez, se personó en las dependencias municipales para asistir a dicha reunión. En la misma se le volvía a exigir la finalización de las obras de urbanización y la reparación de los defectos encontrados, que se centran en los acerados, alumbrado público, pinturas y la finalización de las zonas verdes y parques, que es uno de los mayores problemas que se han detectado. Tras el encuentro se habría alcanzado un principio de acuerdo para solucionar dichos puntos, aunque la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, dijo que “no vamos a parar el expediente de incautación mientras no veamos que las obras se han iniciado en Arenal”.
La precauciones tomadas por la regidora están basadas en los anteriores acuerdos y promesas que no se habrían terminado de cumplir por parte de la empresa, al tiempo que aseguró que “ellos saben que queda mucho por hacer”.
Los vecinos de la urbanización han pedido en diferentes ocasiones al Ayuntamiento rondeño que interviniese para finalizar con las deficiencias que presenta la promoción, y llegaron a realizar protestas por la ausencia de alumbrado público. Los problemas no son nuevos y se remontan a la pasada legislatura. Ya entonces se comenzaron a anunciar acuerdos y actuaciones para acabar con el problema, aunque ahora, tras seis reuniones, se cree que ha podido llegar la definitiva.
