No hace falta insistir en que la situación de la mayor parte de los ayuntamientos españoles es calamitosa. Sabíamos las dificultades por las que atraviesan independientemente de su tamaño y de la gestión que les incumbe, y la imagen que ofrecen es de un deterioro paulatino acrecentado con los cambios de envergadura realizados en las pasadas elecciones municipales. Centrándonos en el ayuntamiento de Ronda, la nueva alcaldesa, Mari Paz Fernández, alertó nada más tomar las riendas del Consistorio que el pago de las nóminas de los funcionarios y de los trabajadores de las empresas y patronatos públicos se enfrentaban a un problema serio por la falta de liquidez. Luego, días después, anunció que la cifra adeuda a los proveedores rondaba los 10 millones, para acabar afirmando que la deuda total podría llegar a los 30 millones. Un panorama desolador que no calculamos cómo ha de solucionarse por mucho empeño y voluntad que muestren los gestores de nuevo signo político.
Se podría extrapolar la cuestión a otros municipios, según hemos ido sabiendo. Ahora es el de Cortes de la Frontera el que no puede atender el pago de las nominas de sus empleados laborales y funcionarios, amen de los corcheros que se dejaron la piel en los montes cuando el sol más aprieta y aguijonea la mollera. Y es que los entes más débiles del tejido institucional español han venido viviendo por encima de sus posibilidades. Esperemos que ahora no acabe todo en que las soldadas a los trabadores no se pospongan sine die o se recorten los servicios básicos de la ciudadanía, que es la que, como siempre ocurre, paga el pato.
