Tiempo hacía que no escribía en este periódico. Por voluntad propia y ante la primera noticia de la posibilidad de encabezar la lista electoral de Los Verdes para las próximas elecciones municipales, -hecho que cambiaba la condición de ciudadano por la de ciudadano candidato- y para no confundir, parecía más lógico utilizar las vías de comunicación habituales de la clase política, aunque eso en este pueblo de medios monopolizados sea tarea imposible. Sin embargo, resulta difícil separar a la persona del candidato, y el tema que me devuelve a la escritura es una vuelta a la condición de “ciudadano que opina” sobre algo tan alejado de la lamentablemente minúscula política municipal, pero muy cerca de la política con mayúsculas.
El pasado martes se produjo una votación en el Parlamento Europeo de la directiva llamada “de permiso único”; “un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro”. Esta directiva pretendía fijar un marco para trabajadores emigrantes en la UE. Una pretensión basada por un lado en la exclusión de trabajadores temporales, de desplazados, de autónomos, etc. Y por otro, en la derogación relativa a la exportación de pensiones, prestaciones familiares y derechos como el de la vivienda o la formación.
Esta directiva contiene algunas perlas, como la diferencia en la percepción del salario de los trabajadores, que pretenden sea igual a la de su país de origen y no a la de aquel donde realiza la actividad, o bien, la no percepción de pensiones y subsidios si el trabajador en el momento de su derecho a cobrarla no reside en un país de la UE.
De un plumazo el Parlamento Europeo hace saltar por los aires más de 200 años de progreso. Tira por el suelo aquella máxima de a igual trabajo igual salario, arrastra el concepto de igualdad legislando para grupos concretos y no para todos los trabajadores, y hace añicos la herencia romana de legislar para los territorios y no para las personas. Todos los ciudadanos de la UE, con esta directiva, ya no serán iguales, unos serán más iguales que otros. Cobrarán los sueldos en función de su país de procedencia y no serán medidos por su actividad, sino por el lugar de nacimiento. La Unión Europea quiere derogar la Revolución Francesa.
A mediados de los años ochenta, el por aquel entonces Mercado Común, ejerció de árnica para todas las formaciones políticas españolas dada la grave crisis que afectaba este país. Mucho dinero vino a España del resto de países europeos y algo de aquello se aprovechó, pero a cambio de tanta dádiva, obligaron a España a desprenderse de todas las empresas públicas con la etiqueta de deficitarias. TELEFONICA era sinónimo de pérdida y hoy en día cotiza en la bolsa de New York por delante de COCA-COLA. IBERIA, que tenía pérdidas tan altas como sus vuelos, hoy está a las puertas de formar parte del mayor conglomerado mundial de aviación junto con BRITISH AIRWAYS. Así sucesivamente, una empresa tras otra fueron cayendo hasta descapitalizar al Estado español, que ahora, y frente a esta ficticia crisis, tan sólo le queda atracar el bolsillo de sus ciudadanos. Lo que un castizo diría: vender el burro para comprar la paja, aunque ya no nos quede ni burro ni paja. Para colmo, y en medio de esta crisis financiera, la UE no hace más que un papel de mensajero del capital o, como se le llama ahora, “los mercados”, imponiendo a los ciudadanos cada vez más recortes para que los bancos engorden de usura y ojalá que revienten en beneficios. La deuda que han hecho contraer a Grecia e Irlanda los convierte en países residuales a extinguir, tan sólo a la espera de una potencia colonizadora que distribuya la miseria en la que los han metido. A Portugal y a España les toca el próximo año.
Mientras asaltaban los países, prometían una Europa unida, humanista, de derecho, hecha para ciudadanos, lo que se redujo el martes a una mentira más. La realidad es que tenemos una Unión tomatera; cualquier tomate criado en cualquier sitio tiene reservado el derecho a la circulación por Europa, pero los ciudadanos, no. Una Unión dineraria; los dineros van y vienen libremente, aunque curiosamente tan sólo tributa un euro de cada cuatro. Una Unión bancaria; los bancos ya son empresas internacionales que privatizan beneficios y socializan pérdidas, ya que en esta UE cualquier empresa o autónomo es susceptible de quebrar, pero el hundimiento de un banco está absolutamente prohibido, pues los dineros públicos harán cualquier esfuerzo para evitarlo. Una Unión de parados; el sistema ha decidido prescindir del 20 por ciento de la población que a poco que discurran los meses engrosarán una bolsa de pobreza igual a la existente en EE.UU., pero nunca vista en Europa. Los Gobiernos europeos ayudan retirando las prestaciones sociales y ejecutando reformas laborales que condenan a muchos trabajadores a la marginación. Atentos al co-pago sanitario, que será el principio del fin del derecho a la salud. Mucho dinero hay en la sanidad como para que los mercados permitan que sigua siendo una empresa pública.
La votación en el Parlamento Europeo devolvió la directiva a la Comisión Europea por 350 votos en contra, 306 a favor y 25 abstenciones, pero esto sólo significa que volverá a votarse dentro de dos meses, esta vez “con la cara lavada y recién peiná”. Tan sólo es un retraso. Los mercados vienen por nosotros y no cejaran hasta conquistarnos y esclavizarnos, y todo esto con la complicidad de nuestra clase política y de la Unión Europea.
Para este viaje no hacían falta tantas alforjas: o refundamos la Unión Europea o acabamos con ella y nos enfrentamos en serio a los mercados.
