Hace un par de semanas, Felipe González propuso abrir un debate social y político sobre los “beneficios” y la repercusión que tendría la legalización internacional del consumo y venta de drogas. Entre otros, apuntados por el expresidente a través de un importante medio de comunicación de titularidad pública, se apuntaba que podría limitar en gran medida la actividad delictiva asociada al tráfico de drogas, o la posibilidad de utilizar con fines terapéuticos las diferentes sustancias que actualmente se consumen como estupefacientes.
Destaca ante todo la “desconexión” de quien propone y secunda este tipo de medidas con la realidad y la opinión de la calle, porque pocos días después otro medio de comunicación, -en este caso de titularidad privada-, realizó entre su audiencia una encuesta sobre el tema que arrojó un resultado demoledor y fuera de toda duda: el 87 % de los encuestados era contrario a la pretensión de legalizar el consumo y la venta de drogas.
Como farmacéutico puedo afirmar que el argumento de incorporar tales sustancias al arsenal de medicamentos de que actualmente se dispone es, cuando menos, ignorante y absurdo; entre otras razones porque la mayor parte de los estupefacientes ya se emplean en la práctica clínica: la morfina como analgésico, las anfetaminas como anorexígenos, las diazepinas (valium) como relajantes y los derivados de la cocaína como anestésicos locales; amén del uso en psiquiatría de un amplio número de medicamentos que de forma irregular son empleados por los adictos para drogarse.
El otro pretendido aspecto “positivo” que se aludía: -la “ayuda” a combatir el tráfico de drogas y la actividad criminal ligada a él-, me temo que sólo lo contemplan los políticos que lo defienden, porque el resultado de la encuesta apuntada anteriormente tampoco dejaba lugar a dudas sobre la opinión social que les merece el tema a la mayoría de los ciudadanos, que apuestan por incrementar las medidas de lucha contra la droga.
Echo en falta en el debate considerar las repercusiones económicas que para el sistema sanitario conllevaría la atención clínica y las diferentes prestaciones sociales a los pacientes “enfermos” por un consumo “legal” de drogas; pues mucho me temo que aumentaría notablemente el número de consumidores y con ello el de los enfermos derivados. La prueba la tenemos cada fin de semana en los botellones que organizan los jóvenes, -muchos de ellos menores de edad-, en los parques y plazas de nuestras ciudades por el uso “descontrolado” de una droga “legalmente aceptada” como es el alcohol. ¿Por qué no se informa también a los ciudadanos del coste sanitario que supone la atención en urgencias de los “pacientes” con intoxicaciones etílicas, o a cuánto asciende la factura de los servicios de limpieza?
¿Qué haremos luego, desde el punto de vista laboral, con los “pacientes” que se queden “colgados” por un chute de heroína o un trippy (LSD) (–droga que vuelve a circular peligrosamente por las discotecas españolas, y provoca devastadores efectos cerebrales en caso de sobredosis-)? ¿Les pasamos por un tribunal médico para ver si su grado de invalidez alcanza el 75 % y jubilamos anticipadamente a veinteañeros; precisamente ahora, que el gobierno propone alargar la edad de jubilación para garantizar el sistema de pensiones?
Resulta patético y deprimente que nuestros políticos planteen este tipo de propuestas sin molestarse en conocer de antemano si son preocupaciones prioritarias de los ciudadanos. Existen “retos” más urgentes y de mayor interés para la ciudadanía que los partidos políticos ni siquiera se plantean resolver. ¿Acaso no son necesidades sanitarias usar gafas para corregir los defectos de visión, o audífonos para paliar la sordera, o las dentaduras postizas? ¿Por qué entonces el importe de esos artículos no está cubierto por la Seguridad Social y nuestros pensionistas, -algunos de ellos con ridículas pensiones-, se los deben costear de su propio bolsillo? O, ¿por qué las familias tienen que afrontar el gasto en ortodoncia de sus hijos para evitar las consecuencias que conllevaría en un futuro una mala estructura dental sobre los procesos digestivos o incluso sobre el habla?
Esos sí que me parecen retos políticos prioritarios. Al fin y al cabo, ni la ancianidad, con sus limitaciones de salud, ni los defectos dentales, de la visión o de audición, -entre otras muchas patologías que aún están insuficientemente cubiertas por la sanidad pública-, son elegidos voluntariamente por parte del paciente que las sufre; pero ser drogadicto, y las consecuencias que acarrea, sí. No sé si con el pretendido debate el gobierno quiere disimular el fracaso de las medidas sociales, policiales y judiciales de la lucha contra la droga, que a mi juicio deberían extremarse y ser implacables con los traficantes y sus cómplices. Eso, si es que no se está buscando animar al voto “progresista” al colectivo a “passotas” adictos al consumo de estupefacientes; porque ya se sabe que los políticos no suelen dar -puntada sin hilo-.
