Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit público está la prohibición a los Ayuntamientos de acudir al crédito a largo plazo para financiar sus inversiones, o para refinanciar las operaciones preexistentes, salvo que sea para reducir sus intereses. Esta medida, que entrará en vigor el próximo año, obligará además a devolver los préstamos “dirigidos a cubrir situaciones transitorias de financiación” antes del 31 de diciembre de cada año.
O sea, -que la toniza corta-, y si los ayuntamientos quieren crédito que lo pidan en base a los derechos de recaudación previstos en el presupuesto municipal. ¿Y a qué no adivinan los lectores de donde va a salir esa recaudación? Si están pensando en los impuestos y en las tasas municipales… ¡bingo!, acertaron de pleno. O séase, que si hasta ahora los alcaldes se entrampaban alegremente pidiendo créditos millonarios porque ya vendrá otro que los pague, ahora no les quedará más remedio que devolverlos antes de que acabe el año.
La medida demuestra que los ayuntamientos están endeudados muy por encima de su solvencia real, y sin duda llevará a la ruina a más de uno. Acompaño en el sentimiento a esa larga lista de proveedores (entre los cuales me encuentro) que esperaban cobrar a medio plazo, teniendo en cuenta que el año que viene es año electoral y a los alcaldes les gusta llegar con los deberes hechos; porque nada hay menos recomendable, antes de unas elecciones, que los acreedores se manifiesten en la puerta del consistorio, pancarta en mano, exigiendo el pago de sus facturas.
Me temo que a los ayuntamientos les van a quedar pocas opciones para subsistir: O suben los impuestos, o ponen la grúa municipal a trabajar a destajo, o se disparará de nuevo la especulación urbanística para incrementar los ingresos por este concepto (ese diez por ciento que los constructores pagan al contado o en terrenos que el ayuntamiento luego renegocia vendiéndolos a terceros o al mismo promotor, que de todo he conocido en los cuatro años que estuve de munícipe).
Recuerdo un año, gobernando Juan Benítez, que se presupuestó un pico por aprovechamientos urbanísticos y al final sólo se recaudó el 18 % de lo previsto, lo que provocó un agujero presupuestario que hubo que cubrir con un crédito. Y otra, en la que por un “error informático” se duplicó el padrón de automóviles (por cierto, que nuestro consistorio es de los que aplica uno de los impuestos de vehículos más altos de España). Como en los presupuestos, ingresos y gastos deben ir compensados, una vez aprobado se corrigió el “error” suscribiendo otro crédito para solventar el “desliz”.
La medida adoptada por el gobierno va dirigida especialmente contra ayuntamientos como el de Ronda, entrampados hasta las cejas, porque cada vez que se firma un nuevo pacto de gobierno los partidos piden alegremente millones y millones en créditos para financiar sus obras y pagar sus caprichitos, entre los que nunca faltan una radio y una televisión municipal que les aplauda y, por supuesto, las “dedicaciones exclusivas” y los sueldos de los amigotes (-perdón, cargos de confianza-) que les acompañan; créditos que al final siempre acabamos pagando los contribuyentes.
Cuando yo era concejal, el gobierno municipal ya derrochaba casi quince millones de pesetas para retribuir a los susodichos “cargos de confianza” (un personal que, por lo general, no conoce ni de oídas la anchura que tiene una zoleta, o vienen huyendo de cualquier trabajo donde el común de los asalariados, autónomos y empresarios se dejan los cuernos a diario). Un derroche que va a más, porque el gasto para atender esta partida (-nunca mejor dicho-) aumenta año tras año. Con quince millones de pesetas se pagarían muchas plazas de guardería que aliviarían la maltrecha economía de muchas familias, o de rondeños en el paro que no llegan a fin de mes.
Pero no sólo en Ronda cuecen habas, según decía Antonio Burgos, -conocido articulista del ABC-, el derroche del gasto en las empresas públicas de Andalucía alcanza niveles escandalosos. “Leer la lista de las 172 empresas públicas de la Junta de Andalucía es hartarse de llorar. ¡Qué tela de araña han urdido! Las empresas públicas están repes. Si hay una Consejería de Medio Ambiente, ¿para qué sirve la Empresa de Gestión Medioambiental? Si hay una Consejería de Cultura, ¿para qué sirve la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales? Si hay una Consejería de Agricultura y Pesca, ¿para qué sirve la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero?”
Y la larga y escandalosa retahíla de empresas públicas parece no tener fin: “Si hay una Consejería de Educación, ¿para qué sirve el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos? Si hay una Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ¿para qué sirven Turismo Andaluz S.A., Infraestructuras Turísticas de Andalucía S.A. o la Empresa Pública del Deporte Andaluz? (…) Pues sirven para adjudicar todo lo adjudicable sin pasar por el interventor, para colocar a dedo a miles de paniaguados y para evitar el control del Parlamento”.
No sabemos si la Junta de Andalucía acatará también el decreto del Gobierno y reducirá el número de sus consejerías, o aplicará recortes presupuestarios a su larga lista de empresas públicas. “Tengan en cuenta, -continúa Antonio Burgos-, que en ellas la Junta emplea a 21.300 trabajadores, el doble que en 1998. Multipliquen esas nóminas agradecidas por cinco votos familiares y ahí tendrán otra clave más para saber por qué esto es un Régimen”. (Ya ven que no soy el único que piensa que el voto cautivo existe en Andalucía).
