Esta semana, la prensa especializada se hacía eco de la difícil situación económica que atraviesa el grupo empresarial Mondragón, propietario de la cadena de supermercados Eroski. Los datos y cifras aportados hacen dudar de que el grupo vasco esté en condiciones de instalar en Ronda, a corto plazo, un nuevo centro comercial, tal como viene anunciando desde hace tiempo nuestro regidor. Por su interés transcribo algunos párrafos de dicho artículo.
“La crisis y el fuerte parón del consumo han obligado a la cadena vasca a acometer la mayor reestructuración de toda su historia y a eliminar 5.166 puestos de trabajo durante el último año, el 10% del total de la plantilla. Según consta en su memoria anual, al cierre del último ejercicio la compañía tenía 47.539 empleados, frente a los 52.705 con los que contaba un año antes. Además, se han aplicado rebajas de salarios para evitar una sangría de empleos aún mayor.
Los ingresos globales de la corporación cayeron el pasado año un 11,9 %, hasta situarse en los 14.780 millones. La compañía, que suma en los dos últimos años números rojos de más de 173 millones de euros, ha congelado todas las contrataciones temporales y no ha renovado las ya firmadas. La reducción de empleo afecta a todas las áreas, incluso al número de sus directivos, que se ha reducido en un 5%.
Su presidente, Constan Dacosta, reconoció durante la presentación de resultados que 2009 fue un “año duro y difícil para Mondragón”, que ha visto como sus principales empresas, Eroski y Electrodomésticos Fagor, registraban cuantiosas pérdidas; y no sólo por la caída del consumo, sino también por el peso de su deuda financiera. A finales del pasado año la empresa se vio obligada a firmar un acuerdo con 23 bancos y cajas para refinanciar deudas y unificarlas en un único crédito de 1.700 millones de euros, con vencimiento en enero de 2014.
Para ello ha tenido que ofrecer múltiples garantías a sus acreedores, e incluso se ha visto obligada a rehipotecar parte de sus activos. En total, hay inmuebles hipotecados por más de 1.000 millones de euros. A partir de ahora, deberá cumplir puntualmente con sus compromisos financieros si no quiere tener problemas y que al final la banca los embargue. Y lo peor de todo es que la crisis no permite vislumbrar tiempos mejores; al menos durante el presente año”.
Según refleja el artículo, las dificultades económicas de la cadena no son nuevas y sus ejecutivos debían conocerlas cuando hace poco anunciaron en rueda de prensa, junto a nuestro regidor, su decisión de instalar en Ronda un nuevo centro comercial que crearía en torno a 1300 puestos de trabajo. ¿A quién pretendían engañar, o por qué se apresuró Marín Lara en derribar la grada del campo de fútbol, si como parece nuestro consistorio aún no ha ingresado un sólo euro por la operación y parecer que tardará en cobrar? ¿Qué hay detrás de lo que parece ser una burda falacia? ¿Se han escriturado ya los terrenos a nombre de alguna sociedad? Si así fuera, ¿Quiénes la integran? Y si finalmente no se construye el centro comercial, ¿qué otro uso se daría a los terrenos?
La primera solicitud para instalar en Ronda un Eroski se presentó hace ahora once años, siendo alcalde Juan Fraile, durante el último pleno que se celebró en nuestro ayuntamiento antes de que el G.I.L. ganara las elecciones municipales de 1999. Entre los documentos aportados había contratos de compra-venta de varias parcelas “rústicas” adquiridas ese mismo año por un conocido constructor de nuestra ciudad, quien las vendió pocos días después al grupo vasco.
En el contrato se hacía constar expresamente que esas mismas fincas se convertirían en suelo industrial según el PGOU de Ronda. Además, en dicho documento constaba igualmente que las instalaciones del Eroski serían ejecutadas por la empresa constructora Ruiz Jurado y que, si por algún impedimento el centro comercial no se construía, se indemnizaría al grupo vasco con una parcela de al menos 3000 metros cuadrados con salida directa a la circunvalación.
La solicitud se aprobó como “asunto urgente” únicamente con los votos del partido socialista, -que aún contaba con mayoría absoluta en nuestra corporación-, y unos meses más tarde, entre los primeros acuerdos que llevaron a pleno los socios del “Pacto Anti-GIL” (PSOE-PP e IU) figuraba la propuesta de recalificación de varias parcelas, -dos de ellas las del grupo inversor vasco- y una tercera de propiedad municipal.
No siempre se ejecutan la totalidad de los planeamientos del PGOU, por eso cabe preguntarse quién respaldaba el vendedor para que éste asegurara en el contrato que en su momento los terrenos se “recalificarían” a suelo industrial. Tampoco hay que olvidar los permanentes esfuerzos de Juan Fraile para que el proyecto saliera adelante, no sólo en su último pleno como alcalde, sino años más tarde cuando intentó –in extremis- obtener la autorización de la Junta de Andalucía para evitar que la moratoria de instalación de nuevos centros comerciales afectara al proyecto de Ronda.
Hay demasiados intereses económicos y la información no parece nada clara. No estaría de más que la oposición municipal entrara a fondo en el asunto para intentar aclarar completamente el tema. Si nuestras autoridades no colaboran, siempre quedará la fiscalía. (Datos económicos reflejados por J. Romera y C. Larrakoetxea en el diario El Economista, publicado el pasado 1 de junio de 2010).
