La Guardia Civil ha liberado a 15 víctimas de explotación laboral, tres de ellas en Ronda, que carecían de contrato y contraprestaciones económicas por su trabajo, con unas jornadas laborales que excedían todos los límites legales y sin ningún tipo de descanso.
En el marco de la operación Salaria, el instituto armado ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres por su presunta pertenencia a una organización criminal que operaba en las provincias de Jaén, Murcia y Málaga.
Las víctimas estaban retenidas en distintos municipios de la provincia de Jaén -siete en Jódar, dos en Cazorla, otras dos en Villacarrillo y una en la capital- y en la provincia de Málaga, concretamente tres en Ronda, han explicado desde la Guardia Civil en un comunicado.
Favorecía la inmigración ilegal
La organización se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal mediante la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros, además de falsedad documental, coacciones, usurpación de identidad y fraude a la seguridad social.
La operación se puso en marcha cuando se comprobó que, en un corto espacio de tiempo, se habían abierto más de una veintena de establecimientos de comida rápida en la provincia de Jaén. Estos negocios llamaron la atención de los agentes ya que tenían escasa o nula actividad en los mismos y se comprobó que la mayoría de sus empleados eran pakistaníes en situación irregular en España.
La Guardia Civil ha llevado a cabo 19 entradas y registros en inmuebles pertenecientes a la organización, en los domicilios de los principales dirigentes, en los establecimientos de comida rápida y en las viviendas que utilizaban para albergar y controlar a las víctimas en Jaén.
Los investigadores localizaron documentación falsa en los registros utilizada por los trabajadores para evitar posibles inspecciones y falsificar empadronamientos, contratos de alquiler y compraventa de inmuebles falsos.
Según ha informado el instituto armado, la organización estaba liderada por tres individuos de origen pakistaní, propietarios de las empresas y establecimientos, que dirigían y organizaban el entramado, mientras que otro grupo intermedio se dedicaba a controlar y trasladar a los empleados entre los diferentes establecimientos y viviendas, sirviendo de enlace entre los cabecillas y los trabajadores.
Testaferros para los negocios
Algunos de ellos desempeñaban la función de testaferros y algunos de los establecimientos se pusieron a su nombre.
Entre los detenidos hay uno de nacionalidad española, quien presuntamente habría dado cobertura a la organización en relación a la tramitación de expedientes para las regularizaciones de estancias en territorio español.
Los empleados, víctimas de la organización, se encontraban en situación irregular y los detenidos aprovechaban su vulnerabilidad para captarlos con la promesa de conseguirles documentación legal en España. Además, les retenían su documentación personal para dificultar que pudieran moverse libremente.
Las víctimas eran explotadas laboralmente, careciendo de contrato y contraprestaciones económicas por su trabajo, y las jornadas laborales excedían todos los límites legales y sin ningún tipo de descanso.
Viviendas sin las mínimas condiciones higiénicas
Bajo el control de la organización eran alojados en viviendas carentes de las mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad, e incluso algunos trabajadores vivían en los mismos establecimientos de hostelería en los que trabajaban.
La organización era financiada con el dinero que las víctimas pagaban a cambio de su regularización, a costa de trabajar sin ningún tipo de cobertura legal ni remuneración.
La operación Salaria ha sido realizada por la Guardia Civil de Jaén y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.
