El juicio que se tenía que haber celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial de Málaga contra el alcalde de Pujerra, Francisco Macías (PSOE), finalmente ha quedado suspendido por un defecto de forma, según han informado a este periódico fuentes cercanas al caso.
La decisión de aplazar la vista oral ha sido adoptada por el juez después de comprobarse que una de las partes implicadas, la responsable civil subsidiaria Daferluz, no había sido citada al juicio, un hecho que ha sido recurrido por una de las defensas.
Como consecuencia de ello se ha aplazado la vista oral y se ha fijado como nueva fecha para la celebración del juicio el día 17 de octubre, cuando tanto el alcalde como las otras tres personas que están acusadas deberán de acudir de nuevo a la Audiencia Provincial.
Francisco Macías ha sido acusado por la Fiscalía de supuestas irregularidades en adjudicaciones de contratos para obras de infraestructuras de una nave del municipio para la elaboración de la castaña.
Por ello la Fiscalía solicita para el regidor una pena de nueve años de prisión y 15 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental. Hay otros tres procesados en esta causa, denominada ‘Caso pilonga’.
Los hechos
Según el escrito de acusación del fiscal, en diciembre de 2013 el Ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento de adjudicación de contrato de obras consistentes en dotación de infraestructuras y equipamiento de nave municipal para la elaboración de castañas por procedimiento negociado sin publicidad, siendo financiado al 100% por la Diputación con un importe de 194.381 euros.
El acusado, en su condición de alcalde del referido municipio, mediante decreto y siendo entonces secretario del Ayuntamiento otro acusado, aprobó el expediente de contratación con cláusulas administrativas particulares, dice la acusación en su escrito. Están procesados, igualmente, los administradores de dos empresas que participaron en este proceso.
La Fiscalía señala que el proyecto fue adjudicado en enero de 2014 a una de estas sociedades, aunque fue el responsable de la otra «el que, con conocimiento y consentimiento del resto de acusados, asumió las gestiones para la ejecución», subcontratando, al parecer, «de forma irregular y con la anuencia del alcalde y sin reparo del secretario» con otra sociedad la ejecución en cuanto a maquinaria.
Según la calificación inicial de la acusación pública, en la fiscalización de este primer contrato presuntamente «se evidenciaron multitud de irregularidades». Posteriormente, se inició un segundo expediente «resolviéndose por los acusados de la misma forma que en el anterior», con un proceso «sin publicidad» y con supuestas irregularidades.
Los cuatro acusados, dice el escrito, se pusieron de acuerdo «burlando las disposiciones administrativas en cuanto a contratación pública». Para el ministerio fiscal, hubo «clara infracción de los principios de publicidad, concurrencia» y, además, «simulares un expediente administrativo en el que daban apariencia de haber efectuado solicitud de ofertas».
En las conclusiones provisionales, se señala que se desconoce los beneficiarios finales de la diferencia entre el coste real y el dinero público que se pagó, pero se indica que en cualquier caso «el concierto de los acusados a los referidos fines implicaba un perjuicio a los intereses económicos del Ayuntamiento de Pujerra, en beneficio propio o de terceros».
Así, al regidor y al secretario municipal se les acusa de los supuestos delitos de prevaricación y de fraude en la contratación, que estaría en concurso; y por otro de falsedad documental, solicitando en total de nueve años de prisión para cada uno. A los otros dos acusados se le achacan presuntos delitos de prevaricación, como cooperadores; de falsedad y estafa. Además, se insta a que indemnicen a la empresa subcontratada con 15.100 euros, cantidad supuestamente defraudada.
